Las familias de los ocho jóvenes de Altsasu condenados por una trifulca de bar con agentes de la Guardia Civil han recordado este sábado el proceso iniciado hace cuatro años por el que dos de ellos, Jon Ander Cob y Julen Goikoetxea, siguen en la cárcel, mientras mantienen su esperanza en un recurso planteado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Así lo han señalado en el acto celebrado en la Plaza de los Fueros de Altsasu, donde además de un colorido mural en las cercanías, ha quedado instalada una escultura móvil que, con el lema ‘4 urte. Altsasukoak aske’ denuncia en el centro de la localidad el proceso judicial que se inició tras la detención hoy hace cuatro años.

A día de hoy Iñaki Abad, Aratz Urruzola, Adur Ramírez de Alda, Jokin Unamuno y Oihan Arnanz se encuentran en libertad en tercer grado, continúan con pulsera de control telemático, debiendo permanecer de lunes a jueves ocho horas dentro de sus domicilios. Iñaki y Aratz serán los primeros en quedar libres.

Mientras tanto, Cob y Goikoetxea siguen en la cárcel de Zaballa a la espera de la concesión del tercer grado.

Una obra ya ensayada

En un comunicado leído por Antxon Ramírez de Alda, padre de Adur, acompañado de familiares y amigos del resto e incluso de algunos de los procesados, se ha recordado que se cumplen hoy cuatro años de la detención de sus hijos, «cuatro largos años inmersos en un proceso judicial evidentemente manipulado y fuera de toda lógica, guiado por oscuros intereses y donde constantemente se han vulnerado derechos fundamentales».

Ramírez de Alda ha denunciado que todo lo sucedido en el proceso judicial contra los jóvenes ha sido «puro teatro», «una escenificación de una obra previamente ensayada».

Desde la acusación de delitos de terrorismo, motivo por el que fueron juzgados en la Audiencia Nacional por un tribunal que finalmente no apreció hechos de esa naturaleza, hasta las «desproporcionadas» penas impuestas por un caso de agresión, son muestra de «un montaje que ha convertido nuestro caso en una aberración jurídica de manual».

Jonan y Julen acumulan 928 días repartidos en tres centros penitenciarios. Recientemente, la Junta de Tratamiento Penitenciaria de Zaballa propuso la concesión del tercer grado apoyado por varios informes favorables y alegando la «situación límite» que está generando la covid-19 en cárceles como la de Zaballa. «Inexplicablemente, la respuesta de Madrid ha sido negativa», ha manifestado el padre de Adur. «No deberían haber entrado nunca, pero consideramos que mantenerlos en la cárcel es un abominable sinsentido», ha agregado.

Los familiares han presentado un recurso contra la calificación de grado, con el que confían volver a traer a los jóvenes de vuelta a Altsasu.

Por otra parte, Ramírez de Alda ha apuntado que el gasto total que este proceso ha supuesto para las familias alcanza los 353.000 euros, «una condena añadida que no para de crecer».

En manos de Europa

Amaia Amilibia, madre de uno de los jóvenes que permanecen en prisión, ha explicado su desazón porque se ha denegado su progresión a régimen de semilibertad pese al informe favorable de la Junta de Tratamiento de la prisión alavesa, lo que trunca el «objetivo de la reinserción» en jóvenes que de otra manera podrían retomar sus estudios y trabajos.

«La solución está en manos de las instituciones, pedimos como familia que hagan bien el trabajo y los tengamos pronto en casa», ha deseado Amilibia, quien ha lamentado el «proceso rocambolesco» que ha definido a un proceso actualmente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

«Nuestros abogados están trabajando allí los recursos. Esperamos que Europa los acepte y pueda valorar que efectivamente han sido vulnerados los derechos fundamentales y humanos de nuestros hijos, derecho a tener un juez imparcial, derecho a la libertad incluso, al honor, a la intimidad», ha dicho tras incidir en que todo ello «ha sido un proceso muy, muy duro».