El nuevo incidente producido en las obras del metro de Donostia ha traído como novedad la aparición en escena de Ernesto Martínez de Cabredo, en su condición de nuevo director general de Euskal Trenbide Sarea. Se trata de un responsable público que ya apareció en febrero el caso de Zaldibar (entonces en otro cargo) y entonces, como ahora, teniendo relación previa con las empresas afectadas.

Desde octubre Martínez de Cabredo es director general de Euskal Trenbide Sarea, a nombramiento del consejero Iñaki Arriola. Pero su nombre suena de antes, porque hasta este mes pasado había sido presidente de URA, la Agencia Vasca del Agua, y como tal tuvo un protagonismo polémico en el caso de Zaldibar.

Cuando en su condición de representante de URA minimizó algunas afecciones del derrumbe del vertedero, en varios medios –incluido NAIZ-GARA, en este análisis de Beñat Zaldua– se remarcó su llamativa relación empresarial con el propietario de Verter Recycling, Ignacio Barinaga (que a su vez tiene lazos de de amistad con Arriola).

Martínez de Cabredo figuraba concretamente como presidente de Zubiarte S.L., una empresa sin actividad comercial desde hace años pero que no había sido liquidada, y cuyo administrador era Barinaga.

En el caso del metro vuelve a aparece una relación, esta vez con dos empresas adjudicatarias del primer tramo de la pasante. Martínez de Cabredo fue durante dos décadas (1996 a 2016) gerente de Amenabar, una de las principales constructoras guipuzcoanas, y trabajó previamente en Dragados y Construcciones, como delegado en Gipuzkoa durante otra larga década (1987-1996). Amenabar y Dragados son dos de las cuatro empresas que conforman la UTE que ganó la licitación del primer tramo, entre Lugaritz y Mirakontxa.

La adjudicación de esa parte de la pasante se produjo en 2012, es decir cuando Martínez de Cabredo aún era gerente de Amenabar. Posteriormente el proyecto fue modificado y se llevó a cabo otra licitación que recayó en otras empresas, por lo que Amenabar y Dragados no han terminado materializando la obra. Pero las dudas de compatibilidad se reproducen después de lo ya ocurrido en Zaldibar: si allí le tocaba fiscalizar a quien era su socio en otra empresa, en este caso del Metro el ahora responsable de ETS empezó la obra como adjudicatario privado y la acaba como contratador público.

Los problemas se están acumulando en otro tramo, el segundo. El consejero Arriola ya ha dado luz verde a una nueva licitación de esta parte, donde se ha producido también el agujero de hoy, disparando el coste. EH Bildu afirma que todo lo que está ocurriendo era perfectamente previsible de antemano dadas las características del terreno.

El Código Ético de Lakua

El Código Ético de Lakua establece de forma muy clara que «los cargos públicos y asimilados deben declarar todo interés público o privado que pueda obstruir o entorpecer el correcto ejercicio de sus funciones y darán los pasos necesarios para resolver cualquier conflicto de intereses, poniendo en conocimiento de los órganos competentes cualquier incidencia, por mínima que sea, de ese carácter».

El caso de Martínez de Cabredo, de hecho, no es nuevo. En febrero de 2017 tuvo que declarar en el Parlamento porque, dos meses después de ser nombrado, seguía vinculado a siete empresas, la mayoría ligadas al sector de la Construcción.