El Juzgado Central nº 8 de la Audiencia Nacional dictó el lunes 23 de noviembre un auto en el que requiere por cuarta vez al Ministerio de Transición Ecológica para que emita una «resolución expresa» sobre la procedencia o no de iniciar el expediente sancionador contra Petronor, que la Coordinadora AntiCoke solicitó hace siete años.

La AN fija un «improrrogable plazo» de 20 días para que el Ministerio abra el expediente o resuelva fundamentadamente la razón para no hacerlo

En noviembre de 2012, los ecologistas presentaron en el entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una solicitud para que se emprendiese un procedimiento sancionador a Petronor en materia de Costas. Esa petición fue rechazada, lo que llevó a la coordinadora a acudir a los tribunales.

En una primera sentencia en 2016 y en la acordada por el Pleno de la Audiencia Nacional en 2018, se resolvió que el Gobierno español debió actuar tras la denuncia de los ecologistas. Costas, según el tribunal especial, nunca otorgó el preceptivo permiso de construcción de la Unidad de Reducción de Fueloil (URF) al ubicarse en dominio público marítimo-terrestre.

El caso de Cespa en Tenerife

Ello conlleva, así lo vienen demandando los opositores, que tras el expediente sancionador, se proceda a la demolición o suspensión de la actividad de la planta. Existe un procedente, el de la refinería de Cespa en Santa Cruz de Tenerife.

Meatzaldea Bizirik Ekologista Taldea critica la pasividad ante la falta de autorización desde 2009 tanto del Ejecutivo de Lakua, «que autorizó la planta sin ese esencial requisito», como del propio Ministerio, «que a lo largo de doce largos años ha venido ignorando nuestras peticiones de información, denuncias e incluso solicitudes de reunión.

Los ecologistas han desvelado que la única respuesta del Ministerio a la Audiencia Nacional, hace aproximadamente un mes, fue que procedía a iniciar unas «diligencias previas». Según la ley, esas diligencias no tienen otra función que recabar información básica de los hechos.

«Nosotros consideramos que la Demarcación de Costas de Bizkaia cuenta con toda la información necesaria para actuar, por lo que pedimos al Tribunal que no diese por bueno ese intento, y que simplemente se abriese ya el expediente sancionador», exponen con el último auto que les da la razón.

«Consideramos injustificable que la autoridad responsable de la protección de nuestro dominio público marítimo-terrestre haya obligado a vecinos y afectados a asumir doce años de pleitos y que transcurridos los mismos ni siquiera proceda a cumplir las órdenes de los jueces. Las obras ilegales ejecutadas en zonas de costa deben autorizarse o demolerse, hablemos de un chiringuito o de una planta de coke», defienden desde la coordinadora.