Si no hay sorpresas, que no se esperan, el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y sus aliados ganarán las elecciones legislativas de mañana y recuperarán después de cinco años el control de la Asamblea Nacional. Era el único bastión de la oposición liderada por Juan Guaidó, que ha ido cosechando fracasos y ahora busca recuperar protagonismo impulsando el boicot a los comicios para apostarlo todo a una consulta paralela. Una estrategia que ha evidenciado la ruptura total del antichavismo.

Tras una campaña atípica y fría, en las dos últimas semanas el chavismo se ha empleado a fondo para intentar reducir la abstención, que, según las encuestas, rondará el 70%. Unos veinte millones de venezolanos están llamados a elegir, en plena pandemia, una nueva Asamblea Nacional que se constituirá el 5 de enero para un mandato de 5 años. 14.400 candidatos de 107 partidos políticos buscan hacerse con uno de sus 277 escaños –110 más que hasta ahora–.

El Parlamento unicameral es el único contrapoder en manos de la oposición desde que en 2015 pusiera fin a 15 años de hegemonía chavista, y en los últimos años, no sin polémica, ha estado presidido por Guaidó.

Con estas elecciones, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene la posibilidad de desplazar definitivamente a la oposición no solo del Parlamento sino del juego político y también de recuperar la potestad legislativa para aprobar las leyes que necesita para llevar adelante sus propuestas. Y el grueso de la oposición se lo ha puesto en bandeja al autoexcluirse de la contienda electoral alegando «fraude», entre otras razones porque rechaza la fórmula empleada para elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) –nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no por la Asamblea Nacional– y denuncia la intervención judicial de los principales partidos, hoy en manos de exmilitantes dispuestos a contemporizar con el poder en Venezuela.

Poder simbólico

«La salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este Gobierno» se decidirá en 6 meses, dijo en enero de 2016 Henry Ramos Allup, entonces presidente de una Cámara que ni ha legislado –en cinco años solo se ha promulgado una ley– ni ha sacado del poder a Maduro.

Su poder ha sido simbólico después de que TSJ le quitara primero a la oposición su «mayoría calificada» y declarara después al Legislativo en «desacato» y nulos sus actos.

En marzo de 2017, el TSJ se arrogó las facultades del Parlamento y esa decisión, revocada días después, desencadenó una ola de protestas que duró cuatro meses y dejó más de 120 muertos. Maduro convocó la elección de una Asamblea Nacional Constituyente con poderes «plenipotenciarios», que adelantó a mayo las elecciones presidenciales de diciembre de 2018, boicoteadas por la oposición y que dieron la victoria a Maduro, quien juró el cargo el 10 de enero de 2019.

El choque entre Ejecutivo y Legislativo ha sido constante, pero vivió un punto de inflexión el 23 de enero de ese año, cuando el diputado Guaidó, que acababa de asumir como jefe de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente interino en una plaza de Caracas. Su hoja de ruta para seis meses era «cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres». Y así seguimos.

Fue reconocido de inmediato por medio centenar de países y respaldado por cientos de miles de venezolanos que atendieron su llamamiento para pedir la renuncia de Maduro. El apoyo internacional le sirvió para designar juntas directivas de empresas venezolanas y sus filiales y para hacerse con los activos del Estado en el extranjero.

Pero fue sumando fracaso tras fracaso y las expectativas que había creado se fueron diluyendo hasta fiar todo su capital al apoyo internacional y a las sanciones.

Ahora, mientras espera el respaldo de Joe Biden, juega su carta al boicot a las legislativas y a la consulta paralela que se celebrará sin garantías de transparencia entre los días 7 y 12 de diciembre de forma digital y el último día de manera presencial. Es su postrero cartucho. En ella, los venezolanos deberán responder si rechazan los comicios del 6 de diciembre, si exigen la salida de Maduro y la convocatoria de nuevos comicios presidenciales y parlamentarios, y si «ordenan» hacer «las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia».

Sin opciones

Lo que está claro es que con estas legislativas se alejan los sueños de quienes quisieran ver a Maduro fuera de la Presidencia y se pierden en el recuerdo las promesas incumplidas que han puesto en entredicho la credibilidad de Guaidó, cuya figura está rodeada de incógnitas que se despejarán el 5 de enero. Él nsiste en que la Asamblea Nacional que preside «seguirá firme» hasta que haya nuevas elecciones, pero la realidad va a ser otra cuando el chavismo ocupe los escaños y la oposición quede definitivamente desplazada y sin altavoz ni instituciones a su cargo. Guaidó se quedará sin opciones: presidente sin Estado y legislador sin Parlamento.

Su mandato como presidente encargado que le reconocieron más de 50 países era de 30 días –lo establece la Constitución–, pero él lo prolongó motu proprio y 21 meses después intenta aferrarse a un sillón presidencial ficticio argumentando que el Gobierno es ilegítimo a pesar de que ha sido reconocido por más de 139 Estados. Habrá qué ver cómo se manifiestan a partir del 5 de enero quienes le apoyaron, especialmente Washington tras la salida de Donald Trump, su más fiel mecenas.

La realidad es que Maduro lidera un Ejecutivo con sus instituciones, Fuerzas Armadas y tiene poder de ejecución, mientras que Guaidó asegura gestionar un «Gobierno interino» sin atribuciones ni poder de mando sobre ninguna institución. Y a partir del 5 de enero no tendrá ni voz ni voto en la Asamblea Legislativa y quedará condenado al olvido.

Pero sí habrá partidos de la oposición en las elecciones de mañana, aunque no estén presentes sus líderes más conocidos: Guaidó, Ramos Allup, Leopoldo López o Henrique Capriles, quien finalmente ha decidido no concurrir. En las papeletas estarán Alianza Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), con sus colores, nombres y siglas, pero liderados ahora por antiguos militantes que fueron expulsados y dieron inicio al proceso de intervención por parte del TSJ, que decidió reincorporarlos y entregarles el liderazgo. de los partidos.

También estarán las formaciones que participan en un proceso de diálogo con el Gobierno: Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Nueva Visión para mi País (Nuvipa) y Fuerza del Cambio, entre otras. Estos partidos llaman a votar para decidir «un cambio real». Creen que no participar es «un suicidio político» y «una actitud irresponsable». A su juicio, «la oposición radical» ha fracasado al pedir «sanciones que han terminado de hundirnos». Consideran que la verdadera consulta popular es la elección legislativa.

El PSUV, por su parte, ha reeditado su coalición del Gran Polo Patriótico con varios partidos, entre ellos los también intervenidos judicialmente Patria Para Todos (PPT) y Tendencias Unificadas Para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro), quienes conformaron la primera línea de defensa de la Revolución bolivariana.

Pero los líderes de esas dos fuerzas aliadas de Maduro se han unido a la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), que reúne en torno al Partido Comunista de Venezuela (PCV) a varios partidos que tradicionalmente apoyaron al chavismo y acusan al presidente de poner en marcha una «política de ajuste macroeconómico burgués contraria al compromiso y legado de Hugo Chávez» y al PSUV de estar «rendido al neoliberalismo» y de representar a «la izquierda que se hizo millonaria».

Nicolás Maduro, a sabiendas de una victoria casi segura, ha lanzado un órdago al asegurar que «si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia (…), dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela». Dice aceptar el reto de la oposición que planteó estas elecciones como un plebiscito presidencial. No está claro quién lanzó el reto, pero la oposición le ha tomado la palabra.

Tres años de hiperinflación

Las autoridades venezolanas aseguran que estas elecciones servirán para mejorar la economía, cuya situación es grave tras tres años de hiperinflación y la devaluación del bolívar, un 60% en noviembre. El país entró en hiperinflación en noviembre de 2017, aunque el alza de los precios empezó en 2014 por el desplome en la cotización del crudo y la caída de las importaciones, lo que, según analistas, llevó al Gobierno a activar la máquina de hacer dinero.

La consultora Ecoanalítica estima que la inflación, que expertos achacan a malas políticas fiscales y a un gasto público sin control, cerrará este año en 1.800%.

El PIB venezolano venía cayendo en los últimos años y ante la falta de estímulos fiscales, la economía va más al declive. Además, la devaluación de la moneda nacional ha derivado en una dolarización de la economía, que Nicolás Maduro ha alabado en parte al tiempo que ha anunciado más controles de precios.

La semana pasada dijo que activará un impuesto a las transacciones en divisas que pasen por el sistema bancario, pero la mayoría no pasan por él ya que existe una extensa dolarización informal.

Para algunos, el problema son las sanciones que «nos limitan la capacidad de crecer». Para otros, «este Gobierno gasta más que lo que ingresa» y ven difícil un crecimiento de la economía con los mismos actores.