En lo que va de año han fallecido cinco personas en la prisión de Zaballa, una cárcel en la que es más fácil adquirir medicamentos sicotrópicos que drogas. Así lo indicó el pasado mes de octubre el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbo en un auto en el que critica la falta de supervisión por parte de los responsables sanitarios, dependientes del Gobierno autonómico.

«La administración sanitaria alimenta este mercado, de forma involuntaria, con regularidad y eficacia», apuntó el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que estableció la obligatoriedad de administrar el tratamiento directamente observado (TDO) a todos aquellos pacientes a los que se les paute sicofármacos y dio un plazo de un mes para la implantación definitiva del mismo.

El plazo ha finalizado y, según ha denunciado este viernes el sindicato ELA, «no se ha realizado ninguna acción correctora, excepto la contratación más que cuestionable según los procesos de una administración pública, de un trabajador de la Asociación subcontratada por parte de Osakidetza.

«No se ha aumentado plantilla ni se han introducido medios materiales que ayuden a las trabajadoras a realizar su trabajo habitual», ha afirmado antes de incidir en que «a las trabajadoras que pertenecen a la Atención Primaria y no a Salud Mental, se les exige realizar tareas que debiera asumir esta organización con sus medios humanos y materiales».

«Esto crea una situación de improvisación diaria y de aumento de cargas de trabajo que está derivando en situaciones de estrés y fatiga en la plantilla de Osakidetza. Las trabajadoras están desbordadas y se suma a su trabajo diario las acciones correctoras del auto judicial, que intentan llevar a cabo sin planificación y sin información», ha añadido.

«Publificación inmediata»

ELA ha exigido la publificación inmediata de la prestación sanitaria de Salud Mental, una planificación específica para la atención a las personas recluidas, así como un estudio pormenorizado de la plantilla necesaria para llevar a cabo el trabajo diario sin riesgo para las trabajadoras y la población reclusa.

«Entendemos que Osakidetza debe fortalecer el servicio de farmacia penitenciario con un aumento de profesionales farmacéuticos y auxiliares de farmacia, preferentemente. Así como enfermeras, auxiliares de enfermería, terapeutas ocupacionales, trabajadoras sociales, psiquiatras y psicólogos; y ello para una atención sanitaria integral a las personas recluidas», ha manifestado.