La semana que termina deja un sabor amargo a la Casa Real, que ha vuelto a verse salpicada por los manejos turbios del rey emérito español y sus fondos propios. Su pago de 678.394 euros por cantidades no declaradas tuvo como objetivo lograr la exención de una sanción y la actuación judicial, pero el Ministerio Público ha dejado en claro que llevará adelante «una investigación más amplia» al respecto, mientras que los partidos republicanos en todas sus variedades volvieron a pedir que el Congreso se ocupe del tema, en oposición a las derechas y el PSOE.

Todo esto ocurre en el final de un año en el que el sentimiento republicano ha recuperado vigor y en el que se conocieron encuestas en las que en un eventual referéndum sobre la monarquía ganaría la opción por dar de baja a la Corona. Además, con la peculiaridad que la base legislativa que sustenta al presidente del Gobierno es en torno a un tercio republicana (sumando Unidas Podemos, soberanistas y otros aliados).

El asunto sobre las irregularidades de Juan Carlos de Borbón viene cobrando más relevancia desde el mes pasado, cuando elDiario.es dio a conocer la información de que Anticorrupción estaba abriendo un expediente sobre los gastos del rey emérito procedentes del dinero no declarado, cuyo origen es la donación del empresario mexicano amigo suyo Allen Sanginés-Krause. Este «regalo» fue escondido a Hacienda.

El abogado del monarca, Javier Sánchez-Junco (exdefensor de Emilio Botín y otros banqueros), realizó el miércoles una declaración ante el Gobierno autonómico madrileño (que tiene la competencia de recaudar el impuesto de donaciones) y abonó al día siguiente la mencionada cifra. Corre a cuenta de la Fiscalía analizar si esa cantidad satisface el montante del fraude que investiga Anticorrupción desde 2019.

¿Pero por qué el rey emérito –cuyo paradero es formal e insólitamente desconocido, aunque desde Zarzuela dejan trascender que está en Emiratos Arabes Unidos– decidió hacer esto y hacerlo ahora? La razón está en las páginas del Código Penal del Estado, que permite que quien pague una deuda tributaria puede eximirse de una sanción administrativa y de la actuación judicial, en tanto en cuanto la confesión y el abono de lo defraudado llegue antes de que Hacienda notifique el inicio de las actuaciones o de que algún fiscal o la Abogacía del Estado formulen una querella. Cabe recordar que en este caso el Ministerio Público le había alertado de la investigación de Anticorrupción.

El objetivo del monarca era beneficiarse de esta especie de quid pro quo judicial, una cesión a cambio de una ventaja. Pero la ventaja parece que será exigua o al menos relativa. No sólo por el escarnio público que todo este proceso ha disparado –sería interesante entender por qué Zarzuela escoge este momento para la movida judicial–, sino por la reacción de la Fiscalía, que el viernes anunció que no abandonará las pesquisas que permanecen abiertas sobre el presunto uso de tarjetas de crédito del rey emérito vinculadas a los fondos del empresario mexicano.

«Tras la reunión mantenida por los fiscales responsables de la investigación, la Fiscalía valorará el alcance de la declaración tributaria presentada por don Juan Carlos de Borbón y Borbón el pasado día 9 de diciembre, su espontaneidad, veracidad y completitud, en el marco de una investigación más amplia», señaló el Ministerio Público en el escueto comunicado enviado a los medios.

El anuncio se produjo después de que informaciones periodísticas dieran cuenta de que el Ministerio Público había hecho llegar al estudio jurídico que defiende a Juan Carlos de Borbón el dato de que se había abierto una investigación, y es por ello que se utiliza la palabra «espontaneidad» en el comunicado, ya que hay dudas razonables sobre si la declaración presentada esta semana cumple ese requisito. De no cumplirlo, así como de no haber calculado correctamente la deuda, no podría acogerse al artículo 305.4 del Código Penal. Cabe recordar que, según la legislación vigente, existe delito cuando la cantidad defraudad supera los 120.000 euros por ejercicio.

La respuesta política

Los grupos parlamentarios no tardaron en hacerse eco del nuevo episodio de la serie juancarlista. El socio minoritario del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, ha registrado la petición para crear en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación por «el uso de tarjetas de crédito opacas por parte del rey emérito».

En el texto, la formación morada recalca que los hechos que se piden estudiar se producen «con posterioridad a su abdicación, con cargo a fondos procedentes del extranjero». Su portavoz, Pablo Echenique, explica que, por eso, la Mesa del Congreso «no tiene excusa posible para bloquearla» porque no puede aplicarse «la inviolabilidad del artículo 56.3» del reglamento parlamentario.

Una particularidad: el grupo confederal hace un matiz y deja al rey Felipe de Borbón, a su esposa Letizia y a sus hijas al margen de la investigación utilizando el argumento de que la Fiscalía Anticorrupción ha descartado que estén involucrados en el uso de las tarjetas opacas.

Por separado, también los soberanistas y otros partidos progresistas han registrado la petición de una comisión. La solicitud lleva las firmas de los portavoces de EH Bildu, ERC, JxCat, CUP, BNG, Compromís y Más País que, además, piden la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al considerar que el rey emérito ha tenido un «trato de favor» por la información con la que ha contado para hacer su reconocimiento de fraude. En los próximos días se sabrá si esta vez sí cuela.