El Congreso español aprobó el pasado jueves la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia con 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones. PP y Vox fueron los únicos partidos que se opusieron a la norma, que todavía debe pasar el filtro del Senado antes de ser aprobada, lo que convertirá al Estado español en el cuarto país europeo que regula la muerte asistida.

La aprobación de la Ley de la eutanasia culmina un largo camino de reivindicaciones a favor de una muerte digna. Uno de los principales colectivos del Estado español, presente en Hego Euskal Herria, es la asociación Derecho a Morir Dignamente-Duintasunez Hiltzeko Eskubidea (DMD-DHE), fundada en 1984 y formada actualmente por 7.000 personas asociadas. El presidente en Nafarroa, Manu Eceolaza, y la portavoz de la asociación en la CAV, Marta Barandiaran, califican la ley como «un paso muy positivo», aunque también coinciden en afirmar que se trata de una ley «garantista» y «limitada» a la hora de ser comparada con la de otros países, como Bélgica u Holanda.

En este sentido, Barandiaran explica que la ley aprobada por el Congreso español mantiene el delito de «cooperación al suicidio» y que no incluye a los menores de edad y las personas con trastornos mentales con capacidad de decidir, dos puntos que DMD-DHE cree que deberían ser considerados en el futuro. Además, Barandiaran califica el proceso como «un camino farragoso» para el solicitante, ya que en ningún caso podría ser inferior a los 15 días e incluso podría alargarse hasta los 40. Por su parte, Eceolaza recuerda que la tramitación de la Ley de la eutanasia en el Congreso era una petición que se llevaba realizando desde hace años desde diversos gobiernos autonómicos, entre ellos Nafarroa y la CAV.

Sobre las aireadas reacciones de la derecha española en contra de la Ley de la eutanasia, así como declaraciones de diferentes obispos y cardenales criminalizándola, Eceolaza critica que «intentan confundir el concepto de eutanasia con asesinato». «Etimológicamente, la palabra eutanasia significa “buena muerte”. Cuando alguien pide la eutanasia es porque está en una situación de enfermedad grave, crónica o invalidante, que afecta a su vida personal. Es una decisión que entendemos como un acto de libertad con la propia vida y que no depende de las opiniones de gente con otra ideología», expone Eceolaza.

Aspectos técnicos y emocionales

Según la última encuesta de Metroscopia, publicada en 2019, un 87% de la población del Estado español es favorable a la despenalización de la muerte asistida y su regularización, algo que desde el pasado jueves se ha formalizado.

A partir de ahora, el Gobierno español deberá publicar la Ley en el Boletín Oficial del Estado, momento en el que dispondrá de tres meses para traspasar las competencias a las comunidades autónomas para que formen a su personal sanitario. Sobre esto, Barandiaran remarca que esta formación no debe limitarse a los «aspectos técnicos», sino que considera «muy importante» trabajar también el ámbito emocional.

El caso de Baiona

La situación es otra en Ipar Euskal Herria. El Estado francés, cuya ciudadanía se ve sometida periódicamente a casos de enorme impacto como los de la escritora Anne Bert, el joven Vincent Lambert o el más reciente del militante por el derecho a la muerte digna, Alain Cocq, acumula un severo retraso en cuanto a la legislación relativa al fin de la vida. El pasado 25 de setiembre, el Comité Nacional de Ética daba a conocer su última decisión en torno al debate, descartando una modificación de la ley Claeys-Léonetti, adoptada por el Parlamento en 2016, y que contempla «la sedación profunda y continuada hasta la muerte» solo en el caso de personas cuyo pronóstico de vida esté comprometido «a corto plazo». La Asociación por el Derecho a Morir en Dignidad (ADMD), favorable tanto a la eutanasia como al suicidio asistido, trabaja por un nuevo marco legal que ampare a las personas que quieren morir, a sus familias y a los profesionales.

La falta de una ley que encuadre de manera clara y efectiva el final de una vida fue el telón de fondo de un caso de fuerte resonancia mediática, que llevó a Nicolas Bonnemaison, un urgentista del Hospital de Baiona, a tener que responder ante la justicia en 2015. Fue condenado a 2 años de cárcel «exentos de cumplimiento», al ser considerado responsable de «dar la muerte a una paciente de 86 años de edad y en estado de coma». Fue exculpado en otros seis casos.

El caso de Bonnemaison, que no logró que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) apoyara finalmente su recurso contra su expulsión del colegio de médicos, relanzó el debate sobre el fin de la vida en el Estado francés, donde, cinco años después, la ciudadanía sigue a la espera de una reforma de la ley en relación a la eutanasia, que sigue estando prohibida.