El abogado Iñigo Iruin ha comparecido este lunes en la sede de EH Bildu en Donostia junto a los cinco encarcelados por el «caso Bateragune» para hacer lectura jurídica de la decisión de repetir el juicio, una vez conocidos los argumentos del Supremo. Y ahí ha anunciado un recurso de amparo contra el Tribunal Constitucional y una apelación al Comité de Ministros del Consejo de Europa, encargado de vigilar la ejecución de sentencias europeas.

El recurso al TC se establece por vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva dado que se pretende juzgar a unas personas dos veces por el mismo hecho. «No tengo duda de que va a ser admitido a trámite porque es algo que tiene especialmente trascendencia constitucional y sobre lo que nunca se ha pronunciado el TC», ha señalado.

«Una vez admitido, solicitaremos la suspensión de la ejecución de la sentencia del Supremo, y por tanto la no celebración de nuevo juicio hasta que se resuelva», ha anticipado Iruin. No ha olvidado denunciar aquí que el Supremo está pidiendo la vista oral «a la mayor brevedad» cuando paradójicamente esta instancia ha necesitado casi dos años para aplicar la anulación europea.

Sobre el Comité de Ministros europeo, Iruin se ha declarado consciente de su fuerte influencia política, dado que está conformado desde los ministerios de Exteriores y además hacen falta dos tercios de los votos. Pero ha defendido dar este paso porque les permite intervenir mediante una queja por incumplimiento de la sentencia y porque resulta evidente que desde Madrid se ha desobedecido a Estrasburgo.

«La pelea jurídica va a ser larga», ha aseverado Iñigo Iruin tras remarcar que el Supremo ha creado «una situación sin salida salvo con una nueva vulneración de derechos. Algo que no vamos a permitir». Su conclusión de lo ocurrido es que el Alto Tribunal español ha forzado todo para intentar provocar otra condena de la Audiencia Nacional que justifique de algún modo los encarcelamientos ya purgados.

Tras analizar en detalle tanto esta inusitada decisión del Supremo como los antecedentes, Iruin ha situado el fondo del asunto en que el Alto Tribunal español «no tolera que un tribunal europeo le enmiende la plana, algo que ya vimos con la doctrina Parot. Y tolera mucho menos que estos cinco militantes independentistas vascos y vascas les hayan obligado a tener que declarar de manera formal y mediante sentencia que la condena de 2012 era nula. Por eso no la respetan».

«Hay una razón más. Dice el Supremo que el Estado de Derecho no puede permanecer impasible ante una limitación de libertad cuya justificación final se ignora. Así que hay que hacer el juicio para tener una justificación, una excusa, un descargo de esos seis años-seis años y medio pasados en prisión. Y hay que justificarlos, obviamente, con una sentencia condenatoria, lo que es una nueva muestra de su intencionalidad. Para ello nos les importan los estándares europeos ni los fundamentos del Estado de Derecho», ha profundizado.

Junto a todo ello, el abogado advierte un intento de «evitar la responsabilidad patrimonial del Estado», que debería indemnizar a los condenados en un juicio injusto, una demanda que ya estaba en marcha.

Las razones de la defensa
Acompañado de Arnaldo Otegi, Miren Zabaleta, Rafa Díez Usabiaga, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez, Iruin ha comenzado por «una obviedad, porque en tiempos de confusión hay que comenzar por cosas básicas: las sentencias de Estrasburgo son de obligado cumplimiento, vinculantes».

Lo que está en cuestión en este caso, ha seguido, es cómo se aplican esas sentencias, y en este caso concreto la declaración del juicio de 2011 como injusto hecha por Estrasburgo a finales de 2018. Y aquí ha recordado los cuatro motivos básicos que llevó la defensa a este debate reabierto en el Supremo y que han sido desatendidos, entre ellos lo decretado por el propio Tribunal Europeo en la sentencia: que solo podría haber un nuevo juicio a solicitud de los condenados.

En paralelo, ha recordado que la única fórmula de aplicación de la sentencia europea era el recurso de revisión del Supremo, que ya había sido resuelto con la anulación del juicio, y ello además sin que la fiscal que ahora ha reclamado otra vista oral lo planteara en ese momento: «No cabía volver sobre el tema», ha recalcado Iruin.

Ha añadido, como tercer motivo, que «no existe norma en la legalidad española para un nuevo juicio. Y no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Supremo en una sentencia de 2017 que está firmada por Manuel Marchena» (justo el presidente de la Sala Segunda que ha propiciado esta repetición).

El cuarto argumento de la defensa ante el Supremo fue que «la celebración de un nuevo juicio vulnera la prohibición del ‘non bis in idem’ [no juzgar dos veces a alguien por un mismo tema]». Algo que también está asumido por el Alto Tribunal en su jurisprudencia, ha recordado.

Resumido de otro modo, tras la sentencia europea la defensa tenía dos opciones: reabrir el caso vía recurso de revisión para provocar la anulación o reclamar un nuevo juicio. Optó por lo primero dado que todos los elementos estaban a su favor, y de hecho así ocurrió al anularse la condena: «Lo que ocurre es que Marchena adopta dos decisiones, una para reabrir el caso y otra cambiando el tribunal y llevando el asunto a pleno. ¿Qué pretendía con ello? Acordar en el recurso de casación lo que no podía hacer en el recurso de revisión porque se lo impedía Estrasburgo, repitiendo el juicio. Lo hace además con la escenificación de que el Estado-juez quien lo va a acordar. ¿Por qué? Porque sabe que el ‘caso Bateragune’ va a volver a Europa y hay que dar imagen de unidad».

Iruin ha señalado «la escasa calidad jurídica» de esta decisión, algo que pone en correspondencia con la imposibilidad de sostener jurídicamente esta repetición. Considera que se ha optado por un planteamiento «ultraformalista» con el fin de «dar el salto a la consecuencia que buscaba».

Como ejemplo de ello, ha citado que el Supremo dice que en el recurso de revisión se anuló sobre su sentencia de 2012 y no la de la Audiencia Nacional de 2011, cuando es evidente que lo que Estrasburgo declaró injusto y en consecuencia anuló fue el juicio de la AN. «Es más, la propia AN ha considerado que la sentencia es nula por lo que ha dicho ante las peticiones de AVT-Verde Esperanza», ha añadido Iruin, recordando así que el tribunal especial ha rechazado dos veces un nuevo juicio, contrariamente a lo que ha acabado haciendo el Supremo.

Las trampas del Supremo
¿Cómo resuelve el Supremo cuestiones notorias como que solo cabía repetición a petición de los condenados? Es un principio que está acreditado por numerosas sentencias, desde Atutxa hasta Ocalan. «No desmonta nuestro argumento, sino todo lo contrario, lo ratifica», ha apuntado.

Sobre la cuestión del recurso de revisión o de casación, el Supremo ha recurrido a la segunda vía, «trampeando la reforma de 2015», a fin de poder llegar a su objetivo. En cuanto a la falta de regulación estatal para un nuevo juicio, también «nos da la razón», constata Iruin, pero en este caso el Supremo echa mano del truco de escudarse en que «ahí hay un vacío legal que rellenar». Y el argumento de que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo motivo «tampoco ha sido desvirtuado», ha apostillado.