Los fiscales del Tribunal Supremo que acusaron en el juicio por el procés se han opuesto a conceder los indultos solicitados a favor de los condenados por el referéndum independentista celebrado el 1 de octubre de 2017 en Catalunya. Argumentan la «enorme gravedad» de los hechos y que no han mostrado arrepentimiento.

Los representantes del Ministerio Público Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena añaden que las penas son muy elevadas y que no han cumplido ni la mitad de la condena.

El indulto, advierten en su escrito, no es «una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales, y que de manera arbitraria pueda concederse con carácter general ante la mera discrepancia con el tenor de la sentencia o la pura conveniencia de una situación política global».

Sostienen que el «espíritu» de la Constitución excluye de la concesión del indulto a los miembros de un Gobierno que acometieron «un deliberado y planificado ataque al núcleo esencial del Estado democrático» tratando de evitar así que esa medida de gracia «pueda operar, lejos de los parámetros de justicia, como moneda política de cambio en el campo de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios».

Según los fiscales, aceptar la responsabilidad por el delito cometido y el «decidido propósito de no reincidir» son condiciones «mínimamente exigibles» para acceder al indulto, pero «ninguna» de ellas se ha acreditado con los líderes catalanes condenados, por lo que no ven razones de «de justicia, equidad o utilidad pública» que justifiquen esta medida.

Por el contrario, aprecian en los condenados «una falta de lealtad democrática sin precedentes», el «rechazo a la legalidad constitucional» y la «reiterada y contumaz deslegitimación de la actuación jurisdiccional, alegando su condición de presos políticos, denunciando que son objeto de persecución por sus ideas políticas y cuestionando la imparcialidad del poder judicial».

Por ello, consideran que cumplir las penas es una «necesidad ineludible» que no puede ni debe «admitir atajos para burlar el pronunciamiento judicial», tanto en lo que respecta a la prisión como a la inhabilitación, que para los fiscales deben cumplir en su integridad dado que cometieron sus delitos mediante «el abuso de las funciones públicas».

Los fiscales, que pedían una condena por rebelión en el juicio, insisten en que «lo que sucedió en Cataluña en 2017 no fue una sedición al uso», sino que fue «mucho más que una grave alteración del orden público», dado que «con el decidido propósito de declarar la independencia (lo que así hicieron) y segregar esa parte del territorio del Estado proclamando una nueva república (lo que no consiguieron), se produjo un alzamiento institucional desde los poderes legalmente constituidos de esa comunidad autónoma».

Tampoco a Vila, Mundó y Borràs

Tampoco apoyan indultar a los tres condenados a penas de inhabilitación por desobediencia, Santi Vila, Carles Mundó y Mertixell Borràs por no concurrir a su juicio tampoco razones de justicia, equidad o utilidad pública, que no debe confundirse «con motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos».

Los fiscales han remitido sus informes al Supremo, que ahora debe emitir su propio dictamen y enviarlo al Gobierno, al que le compete decidir sobre esta medida de gracia, para lo cual la posición del tribunal sentenciador y de la Fiscalía es preceptiva pero no vinculante.