El Consejo de Relaciones Laborales de la CAV (LHK-CRL) presentó ayer un análisis sobre cómo ha afectado la pandemia al empleo, centrado en los expedientes de regulación temporal justificados por los efectos del covid-19 que se formalizaron entre marzo y setiembre.
El estudio ha sido realizado en base a un fichero facilitado por Lanbide «que contiene los datos anonimizados» de las personas que recibieron en algún momento la prestación por desempleo por estar en un ERTE de fuerza mayor desde que se decretó el estado de alarma. En total, han sido 188.130 personas, de las cuales, al final del periodo analizado, habían vuelto a su puesto de trabajo un 84,4%, mientras que un 11,6% seguía en ERTE y un 4,1% estaba en paro. (En el gráfico anexo se puede observar la distribución por territorios, sectores, sexo y edad).
El CRL destaca que «casi uno de cada tres trabajadores del sector privado de la CAPV estuvo afectado en algún momento por un ERTE», precisando que, de las personas implicadas en alguno de estos expedientes, el 69,4% trabajaba en servicios, el 25,6% en la industria, el 4,4% en la construcción y el 0,4% en el sector primario.
La referencia para hacer esos cálculos ha sido tomada del Eustat, que calcula el número de personas asalariadas del sector privado de la CAV en 619.100 como media anual de 2019.
Reincorporación
La desigual distribución por sectores también se refleja en los datos de la gente que se había reincorporado a su puesto a finales de setiembre, ya que en la industria lo habían hecho el 92,2%, diez puntos más que en servicios (81,4%). En este último también es donde más han pasado del ERTE a la situación de desempleo: un 5% frente al 1,4% del primero.
Entrando en más detalles, dentro del sector servicios, como es obvio, la hostelería y restauración ha sido la rama más afectada, y solamente el 76,5% de los trabajadores afectados por un ERTE se hallaban trabajando a finales de setiembre.
No hay que olvidar que estos datos hacen referencia a quienes trabajan por cuenta ajena, es decir, que no incluyen a los autónomos. Según el último informe de la Seguridad Social, a 30 de noviembre, en la CAV se habían resuelto favorablemente 17.145 solicitudes de prestaciones extraordinarias para autónomos: 2.131 en Araba, 5.748 en Gipuzkoa y 9.266 en Bizkaia. Sumando las 4.199 de Nafarroa, llegan hasta 21.344.
Volviendo a los ERTE, el CRL indica que las tasas más bajas de reincorporación en la industria se hallan en la rama del papel y las artes gráficas, donde el 17,6% continuaba afectado por un expediente y un 2% en el paro. En cambio, la industria química y la siderometalúrgica tienen porcentajes de incorporación superiores a la media, presentando también los menores porcentajes de personas que han acabado en situación de desempleo. No obstante, habrá que esperar a los datos de noviembre y diciembre para comprobar si se mantiene esa tendencia, ya que importantes compañías industriales han presentado ERE con la intención de despedir a decenas de personas.
También destaca, y mucho, el hecho de que el grupo de edad de menos de 25 años sea el que se ve más golpeado por el paro después de haber pasado por un ERTE de fuerza mayor. Casi una cuarta parte (23,4%) de estos jóvenes se encontraba sin empleo a finales de setiembre, mientras que porcentualmente eran solo un 3,4% del grupo de 25 a 44 años y un 2% de los de más de 45. Sin duda, es otro reflejo de la precariedad laboral que envuelve a la juventud vasca.
Aluvión de expedientes
Al explicar la metodología con la que ha realizado este primer análisis de la población afectada por un ERTE a raíz de la pandemia, el Consejo de Relaciones Laborales incide en que, desde el 14 de marzo, «la prioridad de las administraciones implicadas ha sido atender y gestionar con los recursos disponibles y en el menor tiempo posible el aluvión de expedientes presentados por las empresas».
Consecuencia de ello, el fichero facilitado por Lanbide no está completo, ya que hay registros con algunos campos sin cumplimentar, por lo que no se han podido realizar ciertos análisis, como el número de días que cada trabajador o trabajadora ha pasado en ERTE o el tipo de contrato que tienen.