«La amnistía es un concepto internacionalmente reconocido para situaciones de excepcionalidad política como la que vivimos en Catalunya». Así argumenta la plataforma Amnistia i Llibertat la propuesta de ley de amnistía que presentará en las Cortes españolas con el propósito de terminar con el contexto de excepcionalidad en que, a su juicio, se encuentra la sociedad catalana desde el inicio del proceso soberanista. Una etapa que tuvo su preámbulo en las consultas populares de 2009, y que formalmente arrancó con la resolución del Parlament de Catalunya el 23 de enero de 2013, en la cual el Hemiciclo mostró su voluntad de ejercer el derecho a decidir en el marco de la legalidad vigente.

A partir de ahí, el llamado Procés emprendió varias fases que se tradujeron en el proceso participativo del 9-N de 2014, hasta llegar al referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, cuya celebración llevó al Estado a disolver el Parlament y, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, cesó el Ejecutivo de Carles Puigdemont, intervino la Administración catalana, convocó unas nuevas elecciones y emprendió una escalada represiva que ya afecta a 3.000 personas.

Ante esta causa general, que ha comportado el encarcelamiento, el exilio y la persecución de cargos públicos, funcionarios, empresarios y militantes de base, el pasado mes de setiembre varios activistas crearon Amnistia i Llibertat, para llevar al Congreso una norma que «limpie» la concatenación de actos represivos y reconozca que las personas investigadas o condenadas lo han sido injustamente por sus ideas políticas.

«Todo el mundo hablaba de abordar la amnistía, pero no había una plataforma organizada que planteara una ley; de ahí que tomamos la iniciativa y nos pusimos a trabajarla», explica Susanna Pagès, portavoz de Amnistia i Llibertat. La vía utilizada, en este caso, ha sido el derecho de petición, que al amparo del artículo 124 del Reglamento del Congreso de los Diputados faculta a cualquier persona a trasladar a debate una cuestión que estime necesaria, para el cual solamente hace falta su firma.

Una llave para la solución

La propuesta, bautizada como Ley Orgánica de Amnistía y de resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado español, se plasmó en una primera redacción en la que intervinieron varios juristas, y una vez acordadas sus bases, se completó en las reuniones que Òmnium Cultural mantuvo con un grupo ampliado de expertos y los tres partidos independentistas que la defenderán en Madrid: ERC, JxCAT y CUP.

Entre los juristas que han participado se encuentra Xavier Burgués, para quien la amnistía contiene elementos que la hacen relevante a efectos de resolver el conflicto político. Principalmente, la circunstancia que, a diferencia del indulto que proponen Podemos y otras formaciones, no implica el reconocimiento de un delito, ya que «pone fin a la causa general contra el independentismo al decretar la libertad de los dirigentes encarcelados, el retorno de los exiliados y suprime las sanciones o delitos que han afectado a personas por defender las libertades, los derechos sociales o reivindicar la autodeterminación y la independencia de Catalunya».

De esta manera, y como expone el primer artículo de la propuesta, la amnistía supone la retirada automática de todos los cargos –incluido los posibles antecedentes–, la restitución de las fianzas que se hayan tenido que costear –hoy se elevan a 15 millones de euros–, a la vez que impide cualquier nuevo procedimiento vinculado con los aspectos citados, por lo cual «las personas beneficiadas no podrán ser investigadas, detenidas, citadas ni procesadas por estos hechos». Así, al contrario del alcance personal que supone el indulto, «la amnistía no prescribe y acaba con la persecución contra un movimiento en su conjunto», destaca Burgués.

Varios carriles, doble objetivo

La ley de amnistía, inspirada en la fórmula que Portugal adoptó en 1996 para amnistiar los representantes de una organización revolucionaria, se llevará al Congreso español el 15 de marzo, de forma que no interferirá en la lucha partidista que se augura ante los comicios del 14 de febrero en Catalunya. «A partir de entonces, el reglamento establece un periodo máximo de tres meses para que la mesa responda a la demanda, y aunque todo puede pasar, confiamos que sea debidamente tramitada para debatirla en un pleno de la Cámara», indica Susanna Pagès.

Para la portavoz de Amnistia i Llibertat, si bien el PSOE y la derecha ya han anunciado su enérgica oposición, lo importante es que la amnistía sacuda el debate político y sea compartida por amplias capas sociales. «Tiene que ser vista como la herramienta que termine con la causa que se ejerce contra el independentismo y permita abordar la naturaleza del conflicto que la vio nacer, que no es otro que la voluntad del pueblo catalán de decidir libremente su futuro».

En la misma línea que Pagès, los autores del texto recuerdan que, al margen de estar reflejada en el artículo 62 de la Constitución –referido al derecho de gracia–, la amnistía «entronca con la ley ratificada por la Diputación Permanente del Congreso español en 1936, de ahí que las concomitancias con la situación actual son evidentes».

Una analogía que, según Xavier Burgués, hacen que esta norma pueda representar la semilla para el ejercicio legítimo de la autodeterminación. «Todo depende, pues, de la voluntad política de la Cámara».

Hasta que la ley no se entregue a las Cortes, Amnistia i Llibertat continúa con una intensa actividad centrada en la recogida de apoyos a favor de la amnistía –ya son 50.000 las personas adheridas al manifiesto–, y los contactos con el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, para denunciar la persecución política que padece el independentismo. Su última iniciativa ha consistido en la distribución de rollos de papel higiénico que, estampados con la imagen de la monarquía, quiere poner de relieve «la arbitrariedad con la que actuan los poderos judiciales del Estado», comenta Pagès.

También Òmnium Cultural ha iniciado una campaña de firmas que incluye mensajes en los que su presidente, Jordi Cuixart, encarcelado por el Supremo, insta a «articular acuerdos amplios y transversales» en defensa de la amnistía y el derecho a decidir.

Un doble objetivo que, si bien no está suscitando el consenso deseado de todo el catalanismo político –la moción presentada recientemente en el Parlament tuvo la abstención de los Comunes y el voto negativo del PSC–, entre las sociedad va congregando cada día más apoyos. Faltará ver si independentismo llega al Congreso con el empuje suficiente para que, a ojos de la comunidad internacional, se reconozca la amnistía como la llave para terminar con la represión y encauzar el conflicto.

50 años de Montserrat, cuando los intelectuales desafiaron a Franco

La demanda de amnistía nos retrotrae a un episodio clave en la historia reciente de Catalunya. Fue la «Tancada de Montserrat», conocida por la reunión que 300 personalidades de la cultura hicieron en la Abadía de Montserrat el 12 de diciembre de 1970 para protestar contra el Proceso de Burgos, el consejo de guerra que a finales de ese año se celebró contra 16 independentistas vascos.

Duró los tres días que duró el encuentro del que ahora se cumple medio siglo. Los participantes constituyeron la Asamblea Permanente de Intelectuales Catalanes, embrión del que sería después la famosa Asamblea de Catalunya y de cuyos debates salió un manifiesto que, aparte de denunciar la legislación represiva del franquismo, reclamaba la amnistía política, las libertades y el derecho de autodeterminación. A raíz de aquella protesta, los participantes fueron castigados a severas sanciones económicas, retiradas del pasaporte y, en el caso de los artistas, entre quienes se hallaban los cantantes Francesc Pi de la Serra, Joan Manuel Serrat y Raimon, y los actores Núria Espert o Mario Gas, la prohibición de actuar en público.

Medio siglo después, y con esta referencia en la memoria colectiva, la amnistía vuelve a ponerse encima de la mesa en Catalunya aupada por una nueva generación de escritores, cantantes, académicos y activistas que, con el mismo espíritu y firmeza de entonces, exigen el fin de la persecución política y el reconocimiento del derecho a decidir.A.R.