Un año más. 2020 ha sido igual que 2019 para quienes se lanzan a cruzar el mar Mediterráneo, ya sea hacia Italia, Grecia o el Estado español, buscando una vida más digna que la que dejan atrás, marcada por los conflictos, la persecución o la pobreza. Y lo peor es que nada hace pensar que las perspectivas vayan a ser mejores en el año que tenemos a las puertas.

El Mediterráneo se ha vuelto a tragar los sueños de cientos de personas. 945 muertos o desaparecidos hasta noviembre, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, pero todo apunta a que ha habido naufragios en esa travesía que nadie ha contabilizado. Y quienes consiguen llegar a buen puerto tampoco lo tienen fácil: hacinamiento e insalubridad en campos de migrantes y refugiados, devoluciones a sus países de origen, protestas de parte de la ciudadanía y autoridades locales de los lugares en donde se han instalado esos centros, que denuncian una «invasión», la destrucción por el fuego del campamento de Moria, en Lesbos, fin de las ayudas griegas con el cambio de Gobierno...

Italia, Grecia y Canarias siguen desbordados y piden ayuda para el reparto y la acogida de las miles de personas que siguen llegando a Europa. Muchos, sobre todo en el Mediterráneo central, gracias a la encomiable labor de rescate que siguen realizando barcos como Aita Mari, Ocean Viking, Open Arms o Sea Watch 3 que, por encima de amenazas, bloqueos, dificultades para acceder a puertos seguros y multas, han salvado a miles de personas en sus aguas.

Con el riesgo añadido este año de la pandemia por el covid-19 que sirve, en muchos casos, como pretexto para blindar fronteras, negar refugio y poner en hibernación las peticiones de asilo. Y, además, ha provocado que los traficantes usen rutas más letales, les cobren más dinero.

Mientras tanto, la Unión Europea se sigue mostrando incapaz de dar respuesta a una crisis que estalló hace cinco años. Y si alguien esperaba un cambio en su nueva política migratoria para que todos los socios se implicaran en la acogida, esta principalmente refuerza los controles fronterizos y el encierro de los que llegan, y fortalece los mecanismos de devolución de las personas migrantes y refugiadas a sus países de origen, acelerando el proceso de rechazo. Eso sí, ante el fracaso de la política de cuotas, apela a la «solidaridad» entre los socios dependiendo de su peso económico y su población.

Más de lo mismo ante un drama humanitario que parece lejos de resolverse y que no augura cambios a medio plazo.