Pese a que parece claro que el juicio político a Donald Trump no se completará antes del fin de su mandato, el 20 de enero, el Senado, que pronto controlarán los demócratas, tiene en su mano bloquear sus ambiciones políticas para 2024 y privarle de la pensión vitalicia y los otros beneficios a los que tienen derecho los expresidentes.

Este miércoles la Cámara de Representantes aprobó abrir un segundo e histórico proceso de «impeachment» en el Senado contra Trump por «incitación a la insurreción».

Diez congresistas republicanos se sumaron a la resolución del jueves y el líder saliente de la Cámara Alta, el republicano Mitch McConnell, no ha mostrado su oposición a que Trump sea declarado culpable de la acusación preparada por los demócratas, incluso después de abandonar su puesto, algo que permite la Constitución en caso de expresidentes.

Aunque Trump complete su mandato, si el juicio político obtuviera el apoyo de dos tercios del Senado, incluso con Joe Biden instalado en la Casa Blanca, el mandatario republicano sería acusado formalmente de «altos crímenes» y se abriría la puerta a privarle posteriormente de casi todos los beneficios de ser expresidente y asegurarse que no vuelve a optar a un puesto político de por vida.

El proceso no es sencillo. Tras aprobar el «impeachment» con los votos de dos tercios del Senado, ambas cámaras del Congreso deben votar a favor de expulsarle de la Presidencia y de nuevo una supermayoría en la Cámara Alta es necesaria para tomar este paso sin precedentes.

Otra votación adicional, esta vez por mayoría simple, sería necesaria para excluir a Trump de optar a cualquier cargo político, algo que piden los demócratas y que para los republicanos sería garantía de no tener que lidiar con Trump en un proceso de primarias de cara a las elecciones de 2024.

La semana próxima podrían jurar su cargo los dos senadores demócratas de Georgia que han acabado con el dominio republicano de la cámara y puesto a 50 demócratas frente a 50 republicanos, aunque bajo control procedimental de un líder demócrata.

Sin pensión vitalicia

Si el «impeachment» y la expulsión de la Presidencia fueran aprobadas por el Senado, Trump perdería también su pensión vitalicia a la que tienen derechos los expresidente y que en su caso superaría los 200.000 dólares anuales.

La prohibición de que reciba fondos estatales se haría extensible a la dotación a los expresidentes para viajes y para mantener una oficina y asistentes que apoyen su papel simbólico de asesor, ajeno a las refriegas políticas del día a día, que realizan los exmandatarios.

Esa bolsa de gastos reembolsables es de hasta un millón de dólares, con fondos adicionales para la todavía primera dama, Melania Trump.

Trump seguiría manteniendo la protección vitalicia del Servicio Secreto, otras de las prerrogativas de haber sido el jefe del estado, regulada por una ley de 2013.

Y tendría la posibilidad de recurrir estos pasos sin precedentes del Legislativo y desafiarlos ante la Justicia y el Tribunal Supremo.

Si finalmente se le privara de todos esos beneficios y derechos, Trump dejaría como legado una derrota aún más dolorosa que la electoral en manos de sus colegas republicanos del Legislativo y, si llegaran a ese punto, en las de los magistrados conservadores del Supremo, pese a que hubo un tiempo en que fueron símbolos de sus grandes conquistas políticas.