Con borrascas o con olas de calor, el precio de la electricidad no suele dejar de dar sorpresas. En cuanto hay un pico de consumo, por la razón que sea, el coste de la energía se dispara. Sin embargo, el frío o el calor explican solo una pequeña parte del alza de precios y, en muchos casos, no la más importante.

Evidentemente, cualquier aumento del consumo empujará a los precios hacia arriba. Más en estos tiempos de pandemia con un mayor consumo de calefacción debido a la exigencia de mayor ventilación. Para atender esos picos de consumo, el sistema utiliza normalmente centrales de gas.

La escasa aportación de las renovables también ha influido. En mitad de un temporal, la solar aporta poco por razones obvias. La participación de la energía eólica tampoco ha sido importante por falta de viento. Esta conjunción ha hecho que el gas tome mayor relevancia y sus elevados precios se han hecho notar. Sin embargo, en el coste de la electricidad también influyen otros aspectos.

El marco institucional

A las razones estrictamente físicas, de suministro de energía, hay que añadir las cuestiones de tipo institucional, es decir, cómo se fijan los precios, cuántas empresas participan en el suministro eléctrico, etc. Y el actual marco normativo hace que la repercusión en el precio supere con creces el efecto que puede haber tenido la subida de las materias primas.

Esa es la clave que explica por qué todas las eléctricas tienen en sus consejos de administración algún político. El precio y los beneficios no se juegan tanto en el parquet de la Bolsa de materias primas como en los despachos de los ministerios.
Los precios del kilovatio se fijan en el mercado mayorista, en el que tres grandes empresas, Endesa, Iberdrola y Naturgy –famosa por cortar el suministro en Cañada Real–, actúan a la vez de productoras de energía (oferta) y de distribuidoras a hogares y empresas (demanda). Es decir, se trata de un mercado en el que a ambos lados están los mismos y son básicamente tres los que lo dominan.

El mercado mayorista de electricidad en la Península ibérica es, por tanto, lo más alejado que puede haber de un mercado competitivo: es un oligopolio que, por su propia naturaleza, encarece el producto, incluso en condiciones normales. Con un oligopolio el consumidor pierde siempre: cuando los precios están altos porque suben demasiado y cuando están bajos porque podrían bajar todavía más si el mercado fuera competitivo.

Además, el modo en que se fija el precio encarece todavía más la factura puesto que, una vez establecido, sirve para pagar todos los kilovatios, independientemente de lo que cueste su producción, lo que beneficia desproporcionadamente más a aquellas tecnologías más baratas en términos monetarios: la nuclear y las renovables.

Cambiar o amortiguar

Es por esa razón que algunos expertos como Jorge Morales de Labra, y ahora también Unidas Podemos, estén planteando que el precio del kilovatio de algunas de esas tecnologías sea fijo, de modo que en los picos de consumo la subida solo afecte a los kilovatios, digamos, extraordinarios. Así se amortiguaría el impacto sobre precio final, al pagarse diferente unos kilovatios y otros. Es algo que ya hace el Estado francés con el precio de la energía nuclear.

La otra parte del Ejecutivo español, el PSOE, apuesta por mantener el sistema actual. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitió ayer la posibilidad de crear un mecanismo que actúe como «colchón» para mitigar el impacto de los picos del precio. Ribera pidió «prudencia» y recordó que «España está en plena transición energética». Siempre hay alguna razón para mantener el statu quo.

Los eurodiputados del PP, mediante una pregunta a la Comisión Europea, pusieron el acento en la rebaja del IVA, algo que sí se notaría en el recibo de la luz –y en la recaudación del Estado–, pero que no afectaría a los ingresos extraordinarios de las eléctricas. Cambiar pero sin tocar lo importante.