Tres representantes sindicales han comparecido en la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas de Bizkaia para denunciar la «externalización y cierre» de servicios públicos, con «graves consecuencias en la calidad del servicio y en la plantilla» del IFAS, dependiente de la Diputación.

Los sindicalistas han explicado las consecuencias que tienen, a su juicio, las políticas de «privatización» de la Diputación en las tres divisiones principales en la que se dividen los servicios sociales forales: Infancia y Adolescencia, Discapacidad, y Personas Mayores.

«Degradación»

Para los miembros del comité del IFAS, el «cierre de centros y servicios» y la reducción de plazas públicas está provocando una «degradación» de la calidad del servicio y una «precariedad» del empleo, ante lo que han defendido una «gestión pública directa» de los servicios sociales en Bizkaia, así como la posibilidad de que las centrales sindicales puedan hacer aportaciones.

En cuanto a las residencias de mayores, han expuesto que, de las 10.748 plazas totales, el 2,66% son gestionadas por la plantilla del IFAS, es decir, 266 plazas en 2 residencias de 154 que hay en Bizkaia. Además, el 100% de los centros diurnos cuenta con gestión privada.

Según los representantes sindicales, las camas en las residencias públicas «siguen reduciéndose», al igual que la calidad del servicio, mientras «crecen los beneficios» de las empresas privadas.

Han detallado que en Infancia y Adolescencia la Diputación de Bizkaia cuenta con 818 plazas, de las que solo el 13,5% están gestionadas desde centros «cien por cien» públicos, y que algunos programas, como el de Adolescencia o el de Emancipación, quedan en manos de la gestión privada en su totalidad.

Cierre «paulatino»

El comité ha denunciado el cierre «paulatino» de centros públicos, mientras crecían los de titularidad privada o concertada.

En Discapacidad, la gestión pública directa «no ha cambiado en número de plazas» en los últimos años, mientras que la demanda «crece y crece». Han indicado que el Departamento foral de Acción Social cuenta con 1.196 plazas, de las que 277 son de gestión pública. Eran 292 antes de la declaración del estado de alarma.

Para los representantes del comité del IFAS, la estrategia del Gobierno de Unai Rementeria en las políticas de la tercera edad pasa por «eliminar todo lo público» de forma «paulatina», mientras que ellos abogan por una gestión pública de «todos» los servicios, no solo de los que tienen que ver con el cuidado de las personas, sino también de «la cocina, la lavandería o la limpieza».