El caso de Iñigo González Etayo que este martes ha sentenciado Estrasburgo se encuadra en una redada de la Guardia Civil de 2011 que deparó graves denuncias de torturas. El tribunal europeo también condenó al Estado español por no investigar la denuncia de torturas de otros dos detenidos en aquella redada, Patxi Arratibel y Xabier Beortegi.

GARA fue uno de los poquísimos medios que recogió esta realidad, expresada por el movimiento pro-amnistía nada más pasar por la Audiencia Nacional: «Los relatos de González, Zabala y Arratibel coinciden en que el trato recibido ‘ha sido muy duro’ en todo momento, y que fueron objeto de métodos de tortura como ’la bolsa’ hasta llegar a la extenuación, así como ’golpes por todo el cuerpo, simulacros de violación y de aplicar los electrodos’ y constantes amenazas con la familia», se leía en esta información.

El detalle que pasó a la historia y acabó dando nombre a este caso fue la referencia ‘aztnugal’ (‘laguntza’, al revés, ‘ayuda’ en euskara), con el que uno de los jóvenes, Patxi Xabier Arratibel quiso alertar de la situación al firmar la declaración policial. Al entonces juez instructor del caso y hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también se le notificó que se habían producido torturas.

Es más, el Comité para la Prevención de la Tortura dependiente del Consejo de Europa lo certificó en la visita realizada apenas cuatro meses después, en la que pudo entrevistarse con detenidos en esta y otra redada del mismo mes. Tras ello incluyó en su informe lo siguiente:

«La delegación recibió alegaciones creíbles y consistentes de malos tratos de 10 de las 11 personas con las que mantuvo entrevistas, que habían estado detenidas en régimen de incomunicación en operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil durante los primeros meses de 2011. Los malos tratos alegados aparentemente empezaron durante el traslado en un vehículo desde el lugar de la detención al centro de detención en Madrid; consistió fundamentalmente en patadas y golpes con porras en la cabeza y en el cuerpo. Además, denunciaron que, durante el interrogatorio, les colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, provocándoles sensación de asfixia (una práctica conocida como “la bolsa”) y que, simultáneamente, les obligaron a realizar ejercicios físicos prolongados. Una persona alegó que la amenazaron con abusar sexualmente de ella, después de haberle quitado los pantalones y la ropa interior, mientras que otra persona afirmó que abusaron sexualmente de ella. Varias personas también dijeron que habían oído los gritos de un compañero que se encontraba en una sala de interrogatorios contigua».

Flexiones, cuclillas, agua sobre la cabeza...

Sigue certificando el CPT que «una persona afirmó que había estado detenida en unas dependencias de la Guardia Civil en Madrid, que no pudo identificar porque le vendaban los ojos cada vez que la sacaban de su celda. Dijo que durante los interrogatorios, los oficiales le propinaron bofetadas, puñetazos y patadas en la cabeza y en el cuerpo y que estuvo todo el tiempo encapuchada. Además, declaró que le obligaron a realizar ejercicios físicos como hacer flexiones y permanecer en cuclillas y que, en varias ocasiones, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y vertieron agua por encima de la bolsa. La persona detenida dijo que había informado al médico forense sobre los malos tratos y que las lesiones de su cuerpo fueron descritas en un informe por escrito elaborado por el médico forense. De hecho, esos informes recogen que la persona detenida alegó ‘que le habían colocado una bolsa de plástico en la cabeza en seis ocasiones y le habían obligado a hacer flexiones’».

«Se informa de que durante el segundo interrogatorio –sigue diciendo el CPT–, ‘los oficiales le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza en siete u ocho ocasiones, si bien le obligaron a hacer menos flexiones; le golpearon en la cabeza y en los testículos con un papel enrollado’. Ese mismo día, por la noche, el informe señala que alegó haber recibido el mismo trato en el curso de un interrogatorio que duró entre 45 y 60 minutos, y que vomitó».

El mismo punto del informe notifica que otra persona entrevista sufrió un «desvanecimiento» por los maltratos y «recuperó el conocimiento una vez en su celda. También recordó que podía oír claramente los gritos de otras personas que se encontraban en la sala de interrogatorios contigua. Los informes del médico forense no hacen ninguna referencia a malos tratos. No obstante, el médico forense no consignó por escrito que en el quinto día de la detención, la persona detenida se encontraba en un estado de ansiedad y que le recetó tranquilizantes, sino que concluyó que la persona detenida estaba en condiciones de prestar declaración». Y añade que «la persona detenida afirmó que sacó a relucir el tema de los malos tratos durante la vista en la Audiencia Nacional pero que no se había emprendido ninguna investigación».

Un año y medio en prisión

Los cinco jóvenes detenidos por este caso concreto pasaron una media de año y medio en la cárcel, acusados de pertenencia a Ekin.

El juicio llegó en 2016, con una petición fiscal de ocho años para cada uno de ellos. Para entonces ya se había aprobado la reforma legal que rebajaba el grado de las condenas para «delitos menos grave». Dado que esta acusación era meramente política y en su actividad no había ningún tipo de violencia, la pena quedó fijada en dos años de cárcel, por lo que no tuvieron que regresar a prisión.

No obstante, desde las puertas de la Audiencia Nacional ya dejaron constancia de que «no vamos a olvidar que la Guardia Civil nos torturó salvajemente y con total impunidad». Lo señaló Gorka Mayo en representación también de Jon Patxi Arratibel, Gorka Mayo, Iker Moreno e Iñigo González, cuyo caso ha sentenciado hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.