En un comunicado difundido en sus redes sociales apenas unas horas después de dar a conocer la notificación recibida por parte de la Audiencia Nacional española, Hasel ha explicado que «en 10 días vendrá a secuestrarme a la fuerza el brazo armado del Estado para encarcelarme porque no voy a presentarme de forma voluntaria en prisión».
Comunicado ante mi encarcelamiento inminente: pic.twitter.com/ymsJXW7V3l
— Pablo Hasel (@PabloHasel) January 28, 2021
Añade que «no sé ni a qué cárcel me llevarán ni cuánto tiempo» y precisa que «entre todas las causas que acumulo por luchas, unas condenas pendientes de recurso y otras de juicio, puedo pasar hasta casi 20 años en prisión».
Pablo Hasel denuncia que «este constante acoso» que padece «desde hace muchos años y que se materializa más allá de las condenas de cárcel», no se debe únicamente a sus «canciones revolucionarias, también por mi militancia más allá de la música y escritura».
Cita que incluso «la propia fiscal reconoció literalmente: ‘es peligroso por ser tan conocido e incitar a la movilización social’». «Llevar a la práctica la lucha de la que hablo en mis canciones es lo que me ha puesto especialmente en el punto de mira, además de apoyar a organizaciones que han combatido al Estado, ser solidario con sus presos políticos y crear conciencia denunciando las injusticias señalando alto y claro a sus culpables», afirma.
No es un ataque sólo contra mí, sino contra la libertad de expresión
«Es muy importante tener claro –continúa– que no es un ataque sólo contra mí, sino contra la libertad de expresión y por tanto contra la inmensa mayoría que no la tenemos garantizada como tantas otras libertades democráticas».
Tras subrayar la necesidad de difundir este tipo de casos y de organizarse para coordinar la solidaridad y defender los derechos, señala al «tan mal llamado Gobierno ‘progresista’» del Estado español «por permitir esto y tanto más, mientras protegen a la monarquía y le aumentan el presupuesto, no tocan la ley mordaza y otras leyes represivas (…), siguen teniendo las cárceles llenas de luchadores en pésimas condiciones, además de otras política contra la clase trabajadora».
Por otro lado, Hasel indica que «no voy a arrepentirme para reducir la condena o evitar la cárcel, servir a una causa justa es un orgullo al que jamás voy a renunciar». «Si me liberan antes de finalizar la condena, será porque la presión solidaria lo conquista». Agrega que espera que «este grave atropello sea aprovechado para sumar más personas a la lucha contra el Régimen».
«Respetando el exilio, decidí quedarme aquí para que esta oportunidad sea aprovechada para desenmascararlos aún más. Este golpe contra nuestras libertades puede tornarse contra ellos, pongámonos manos a la obra», concluye.
Hasel fue condenado en 2014 a dos años de cárcel por «enaltecimiento del terrorismo», pero la AN decidió en setiembre de 2019 dejar en suspenso la ejecución de la pena durante tres años.
En 2018, volvió a ser juzgado por el mismo delito y otro de «injurias» a la monarquía y a las fuerzas de seguridad del Estado. Aunque en un principio se le condenó a dos de años de prisión, la Audiencia rebajó la pena a nueve meses de cárcel, que el pasado junio ratificó un Tribunal Supremo dividido.
La defensa de Hasel pidió entonces suspender la ejecución de esta condena, una solicitud con la que estuvo conforme la Fiscalía.
También la recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, pero este rechazó admitirlo a trámite el pasado mes de noviembre.
En su auto, contra el que cabe recurso, la Audiencia Nacional rechaza la petición de Hasel al no haberse cumplido el primer requisito para suspender una pena: que haya delinquido por primera vez.
«En absoluto», dice la Sala de lo Penal del tribunal especial, puede afirmarse esto porque el rapero fue condenado por unos hechos que fueron cometidos entre 2014 y 2016, es decir, parte de ellos cuando ya era firme su primera condena, lo que motivó además, dice la Sala, que en su segunda causa se tuviese en cuenta la agravante de reincidencia.
El tribunal recuerda que Hasel también fue sentenciado en febrero de 2017 por un delito de «resistencia o desobediencia» a la autoridad o sus agentes, y en julio de 2018 por «allanamiento de local».