El Constitucional ha anulado parte del artículo 3.4 de la Ley vasca de Medio Ambiente, gracias a que la Diputación de Gipuzkoa pidió que se admitiera la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TSJPV. La Fiscalía, el Gobierno de Lakua y el Parlamento de Gasteiz se opusieron a la admisión.