El Tribunal de Sesiones de Edimburgo, la más alta corte civil de Escocia, ha desestimado pronunciarse sobre si el Parlamento de Escocia puede legislar para un referéndum de independencia sin el visto bueno del Gobierno británico, argumentando que la pregunta es «hipotética y prematura».

La jueza Lady Carmichael, tras dos semanas de deliberación, ha dictaminado que la consulta legal formulada por el independentista David Keatings es «hipotética, académica y prematura».

La Ley de Escocia de 1998 reserva la unión de Escocia e Inglaterra a Westminster. Esto se ha interpretado en el sentido de que Holyrood no tiene la competencia para convocar un referéndum. Frente a ello, por un lado, una orden de la Sección 30 emitida por Downing Street permite enmendar dicha ley para otorgar explícitamente al Parlamento escocés el poder de celebrar la votación. Eso es lo lo que hicieron Alex Salmond y David Cameron cuando firmaron el «Acuerdo de Edimburgo» que posibilitó el referéndum de 2014.

Pero, además de ello, el Parlamento escocés ya ha aprobado en los últimos meses dos proyectos de ley que, según entienden, sientan las bases para un referéndum sobre la independencia. El primero fue el proyecto de ley de referéndums que se convirtió en ley el 29 de enero de 2020, que establece un marco sobre cómo se llevarán a cabo las futuras votaciones en Escocia. A su vez, el proyecto de ley de elecciones escocesas se aprobó en febrero. El Gobierno caledonio asegura que estos dos proyectos de ley establecen las reglas generales para cualquier referéndum y el derecho al voto que se aplicaría a todos los referéndums celebrados en Escocia.

En ese sentido, Keatings planteó al Alto Tribunal escocés si estas dos leyes ya otorgaban al Ejecutivo de Nicola Sturgeon el derecho a convocar un referéndum sin la aprobación de Boris Johnson. Sin embargo, Carmichel afirma que no puede pronunciarse hasta que se materialice la convocatoria del referéndum: «En primer lugar, cada una de estas propuestas depende de que haya una ley del Parlamento escocés en virtud de la cual podría proceder un referéndum. Sería esa ley que convoca la consulta, aprobada por el Parlamento escocés, la que requeriría un escrutinio en cuanto a su competencia legislativa», ha señalado.

El pasado 23 de enero, el SNP anunció su plan hacia el segundo referéndum en caso de que el independentismo logre mayoría en las elecciones del próximo 6 de mayo. En ese caso, planteó tres escenarios posibles para el Gobierno de Boris Johnson: acordar que el Parlamento escocés ya tiene el poder de legislar para un referéndum, que ha quedado hoy en el aire después de que el tribunal no se haya pronunciado; aceptar la orden de la Sección 30 para otorgar ese poder, algo que el premier británico ha rechazado en repetidos ocasiones; o emprender acciones legales para disputar la base legal del referéndum y buscar bloquear la consulta en los tribunales. Parece que la primera y la tercera opción podrían converger.

Recurso

Keatings, durante su alegato, defendió el derecho de los escoceses a saber si Edimburgo tiene la potestad de convocar un referéndum sin la aprobación de Londres. Más si cabe cuando tienen elecciones el próximo 6 de mayo. Carmichael cree que el demandante «no ha demostrado» que la respuesta «sea requerida para la democracia en Escocia de cara las próximas elecciones».

Tras conocer la resolución del tribunal, Keatings ya ha anunciado que apelará una decisión que entra «dentro de lo esperado». El equipo legal de Keatings cree que en ausencia de una hoja de ruta para la independencia planteada por el SNP y el Gobierno escocés, la jueza «no tuvo más elección que desestimar», ya que no tenía «la suficiente información» que hiciera pasar la pregunta «de hipotética a no hipotética».