El Gobierno de Gasteiz ha reconocido este viernes, por boca de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Artantza Tapia, que existen elementos que «deben ser estudiados en mayor profundidad» sobre la catástrofe ocurrida el 6 de febrero de 2020 en el vertedero de Zaldibar, donde perdieron la vida dos trabajadores, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Los restos de este último continúan sepultados bajo toneladas de basura un año después del derrumbe.

Las palabras de Tapia chocan con la posición de su partido, el PNV, y de su socio de gobierno, el PSE, contrarios a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Gasteiz. Una postura críticada por los grupos de la oposición, que han aprovechado el Pleno de Control para denunciar la falta de transparencia del Ejecutivo autonómico.

«Opacidad no. Rigor y trasparencia», ha respondido la consejera, que ha puesto en valor la auditoria realizada por Ricardo Energy & Environment. «El informe concluye que la autorización ambiental integrada tiene los requerimientos legales establecidos por la directiva europea», ha manifestado, sin reparar en que el documento evidencia que Lakua cumplió con los mínimos legales en vigor, sí, pero recomienda hacer visitas más frecuentes al lugar y al menos un examen detallado al año de los informes remitidos por Verter Recyling.

Asimismo, ha recordado que ese no es el único informe solicitado por parte del Gobierno de Gasteiz, en alusión al informe de causalidad encargado a un equipo mixto formado por profesionales de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Cantabria. Ha afirmado que estos trabajos «han sido recientemente recibidos y ambos documentos se encuentran ya en manos de la Fiscalía, porque nuestro objetivo principal es esclarecer lo ocurrido y trabajar junto con la Fiscalía para depurar todo tipo de responsabilidades».

Urkullu fía la investigación al ámbito judicial

En la misma línea se ha pronunciado el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha incidido en que su Gabinete ha puesto a disposición de las autoridades judiciales «toda la información actualizada» respecto de las actuaciones realizadas en el vertedero de Zaldibar.

«Hemos abierto diligencias para que la verdad prevalezca y los hechos sean juzgados; y el gobierno va a exigir responsabilidades de modo exhaustivo y riguroso», ha apuntado el inquilino de Ajuria Ena, que ha anunciado una «mejora de las políticas de gestión de residuos y vertederos». «Nuestra determinación es mejorar la gestión y tratar de evitar que algo así se vuelva a repetir», ha añadido en respuesta una interpelación del parlamentario de EH Bildu Mikel Otero, quien ha insistido en la necesidad de abrir una investigación en la Cámara autonómica.

«Queremos llegar al fondo porque hay que encontrar a Joaquín y conocer y la verdad», ha manifestado el parlamentario soberanista.