Hoy sabremos si Catalunya despeja su camino hacia la resolución del conflicto o si continúa sin sumar la fuerza suficiente para saltar la pared y lograr la ruptura con el Estado. Todo dependerá de si las tres fuerzas independentistas logran superar el 50% de los sufragios, lo que impulsaría el Procés y las bases sociales favorables a un Estado propio. De momento, todo indica que esto no sucederá pero... tampoco lo contrario.

Paradójicamente, la única certeza es la incertidumbre, pues los últimos sondeos reflejaban un triple empate entre ERC, JxCat y el PSC, lo cual impediría formar un gobierno estable y de amplias mayorías. Ni el ejecutivo de “frente amplio” que planteaba ERC con JxCat, la CUP y En Comú Podem –una vez el partido de Puigdemont y los Comunes se han excluido mutuamente–, ni la fórmula del tripartito de izquierdas –que, en su momento, conformaron los republicanos con los socialistas y la antigua Iniciativa per Catalunya (hoy En Comú Podem), después que ERC y PSC hayan rechazado pactar entre sí–.

Tampoco se augura un gobierno en clave unionista presidido por el PSC con la participación directa o indirecta del Partido Popular, Ciudadanos y, si fuera necesario porque lo exija la aritmética, Vox. A tenor de los resultados esperados, los números no salen y, ante la posibilidad de que En Comú Podem diera sus votos para la investidura, los socios de Podemos se han apresurado a desmarcarse.

De esta manera, las urnas pueden hacer buena la tesis de “El gatopardo”, la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, basada en aquella máxima de «que todo cambie para que nada cambie». Es decir, que ERC y JxCat se vean nuevamente condenados a repetir el ejecutivo de coalición que salió en diciembre de 2017 tras la aplicación del artículo 155. Un gobierno que necesitaría la concurrencia de la CUP, la cual podría tener nuevamente la llave en vistas a condicionar la hoja de ruta y pedir, a cambio del apoyo, participar con alguna consejería o que la presidencia recaiga en una figura consensuada con ella.

Por lo tanto, hasta que no concluya el recuento no se podrá calibrar cuál de estas hipótesis es la más plausible.

Renovarse o desistir

Han transcurrido tres años de las elecciones impuestas por Mariano Rajoy y todas las formaciones políticas, sin excepción, han tenido que resituar su mensaje en Catalunya. No solo porque la Moncloa ha pasado a manos del PSOE y Podemos, dando carpetazo a la intervención de la Generalitat. También el independentismo, muy maltrecho tras la condena a los líderes del Procés, no ha sabido articular una estrategia unitaria para mantener el pulso con el Estado. Y, por su fuera poco, ha llegado la pandemia, cuyo impacto ha llevado a cada formación a tener que presentar una agenda creíble para combatir la crisis económica, social y sanitaria que altera nuestras vidas.

En estas coordenadas se ha movido la campaña en Catalunya: por un lado, el soberanismo discutiendo sobre la utilidad o no de la mesa de diálogo con Madrid y cómo avanzar hacia la autodeterminación mientras gestiona el actual vendaval; y, por otro, el unionismo a codazos para ver quién consigue frenar el Procés y salvaguardar “las esencias de la España constitucional”.

Cada candidatura ha buscado fórmulas para movilizar su electorado y atraer un índice de indecisos que, por la recesión o por el desencanto con el Procés, ha llegado estos días al 40%. Conscientes de ello, las siete formaciones con posibilidades de representación parlamentaria han escogido como cabezas de lista a figuras menos manchadas por el conflicto y más habituadas a la gestión pública.

Así, por ejemplo, Pere Aragonès ha remplazado a Oriol Junqueras como número uno de ERC; JxCat ha buscado a Laura Borràs para compartir cartel con el expresident y eurodiputado Carles Puigdemont; Ciudadanos ha apostado por Carlos Carrizosa en lugar de su jefa en Madrid, Inés Arrimadas; Jèssica Albiach ha tomado el relevo de Xavier Domènech al frente de En Comú Podem; la exalcaldesa Dolors Sabater es la nueva imagen de la CUP, situando a Carles Riera en un segundo plano; Xavier García Albiol ha dejado el testigo a Alejandro Fernández en el PP; mientras que el PSC ha aprovechado la popularidad del hasta poco ministro de Sanidad, Salvador Illa, para sacarse de encima a un ya amortizado Miquel Iceta.

Mediante el “efecto Illa”, los socialdemócratas pretenden acaparar el voto unionista y, gracias a su lealtad con la Moncloa, esgrimir el mensaje de que son los únicos capaces de «capitanear el diálogo» y «recuperar la senda de la concordia de Catalunya con el resto del Estado». Tanta es la influencia de Illa, que su equipo de campaña lo ha presentado como el futuro presidente de la Generalitat, provocando que ERC haya hecho hincapié en lo considera su pésima gestión al frente del Ministerio de Sanidad y JxCat haya recurrido al lema dialéctico “Ella o Illa”, contraponiendo la figura del candidato del PSC a la carismática Borràs.

Vox, en el descuento

A este ambiente de polarización ha contribuido Vox, pues su presencia en los debates televisivos en virtud de ser calificado de “grupo político significativo”, ha avivado el conflicto político. Un hecho que se ha trasladado a la calle con numerosos incidentes y que ha tenido un impacto directo en la campaña, hasta el punto de arrastrar al PSC a elevar su discurso antiindependentista –en el último mitin electoral, Illa acusó al soberanismo de ser «el odio perpetúo»–, al tiempo que tanto ERC como JxCat le han recriminado que haya asumido la agenda del PP y Ciudadanos y haya descartado levantar un «cordón sanitario» en torno al partido de Santiago Abascal.

Por tanto, si en un principio la campaña parecía gravitar sobre la gestión de la pandemia, los debates han mostrado nuevamente que la cuestión territorial sigue polarizando la vida política en Catalunya. No solo entre las fuerzas soberanistas, que discrepan respecto a la estrategia a seguir, sino sobre todo entre el mismo independentismo, comprometido a no pactar con el PSC, y los partidos de todo el arco constitucional, que se miran de reojo por si hay que sumar esfuerzos para evitar, como plantea Ciudadanos, un ejecutivo «separatista».

En esta tesitura discurrirá una jornada que medirá la fuerza del independentismo y si la Moncloa ha jugado bien sus cartas para contrarrestar esa mayoría social que, según todos los estudios de opinión, continúa exigiendo amnistía y libertad.