El magistrado del Tribunal Supremo español Pablo Llarena, que instruye la causa contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Lluis Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí, se plantea elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de las euroórdenes, tras la negativa belga a aceptar la petición de euroorden contra Lluis Puig.

En una providencia, Llarena concede tres días de plazo al fiscal, a la acusación popular y a los abogados de Puigdemont, Puig, Comín y Ponsatí para que formulen sus alegaciones.

En concreto, les pide conocer su opinión antes de decidir si plantea una cuestión prejudicial al TJUE acerca del alcance de las posibilidades de petición y de las razones de denegación de una euroorden «con la finalidad de poder establecer criterios estables que conduzcan la decisión de mantener, retirar o emitir nuevas órdenes de detención y entrega».

Llarena da este paso tras recibir la comunicación oficial de las autoridades judiciales belgas, de carácter firme, de denegar la entrega del exconseller Lluis Puig por entender «que la autoridad española que ha emitido ese mandato no era competente para hacerlo».

Para Llarena, la decisión de los jueces belgas «discrepa de la que sostiene este Tribunal Supremo».

El proceso contra Puigdemont y Comín está suspendido a la espera de que el Parlamento europeo resuelva el suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo para pedir que se les retire la inmunidad parlamentaria de la que gozan por ser eurodiputados.