Fujimori y el resto de inculpados, entre ellos tres exministros de Salud, «hicieron mucho daño con su política», ha denunciado el fiscal Pablo Espinoza al presentar los cargos, en una audiencia virtual que ha contado con un traductor de lengua quechua porque algunas de las víctimas son indígenas que no dominan el español. Se estima que el juicio, por su complejidad y la enorme cantidad de víctimas, puede prolongarse años. 

Se calcula que, entre 1996 y el año 2000, unas 270.000 peruanas pobres fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó a cabo en sus últimos cuatro años en el poder. El expresidente de ancestros japoneses, ahora de 82 años, gobernó Perú entre 1990 y 2000.

El fiscal ha afirmado que los inculpados «jugaron con las vidas y la salud reproductiva de las personas, sin importarles el daño» causado.

Fujimori –que ya cumple una condena de 25 años por otras violaciones a los derechos humanos–, no participó en la audiencia, pues solo está obligado a comparecer por casos incluidos en el proceso de extradición desde Chile, en septiembre de 2007.

Entre los imputados figuran los exministros de Salud Alejandro Aguinaga (que pese a tan duras acusaciones sigue siendo el candidato al Congreso por el fujimorismo), Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer. Hay otros dos exfuncionarios en el banquillo, pero de carácter local.

En el proceso, a cargo del juez Rafael Martínez Vargas, Fujimori y sus colaboradores están acusados de ser «autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos» contra todas esas mujeres quirúrgicamente esterilizadas entre 1996 y 2000.

La mayoría de las víctimas eran indígenas de provincias, entre ellas una que tenía 19 años y que relató que cuando fue a vacunar a su bebé al consultorio, en 1997, le ligaron las trompas.

Incluso se ha documentado el caso de una mujer que falleció en marzo de 1998 tras ser sometida a la misma intervención.

Ñas damnificadas podrían ser indemnizadas por el Estado, en virtud de una reforma al Plan Integral de Reparaciones para víctimas del conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y 2000. Con dicha reforma, impulsada por la exlegisladora izquierdista Tania Pariona, el Estado peruano reconoció el derecho de las víctimas de esterilizaciones forzadas a recibir una reparación.