Asociaciones de mujeres y otros colectivos sociales han realizado este miércoles una concentración en Bilbo para realizar una solicitud de amparo al Ararteko en torno a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en el contexto del 8 de Marzo.

El motivo de esta petición es que, el 14 de diciembre, Lanbide remitió a su personal tramitador una instrucción que «impide a familias monomarentales con menores a cargo que superen los 2 años de edad percibir la RGI como una unidad convivencial diferenciada dentro de otra unidad formada por parientes de la progenitora con el menor a cargo».

Desde Berri-Otxoak han explicado que este recorte afecta a madres solteras, separadas, divorciadas o viudas que tienen o adoptan una niña o niño con una edad superior a 24 meses.

Y han subrayado que este caso es «la gota que colma el vaso en relación a la actuación del Gobierno Vasco y sus agencias hacia los derechos de las mujeres».

Cambio de criterio

Los colectivos que han convocado este acto han precisado que «los cambios de criterio impuestos» por la nueva instrucción «modifican lo establecido en el artículo 5.2. del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos».

Como han precisado, ese artículo dispone que «personas con menores de edad a su cargo (sin limitación alguna en la edad de menor) podrán formar una unidad de convivencia diferenciada de la unidad convivencial que reside en la misma vivienda por un periodo máximo de 12 meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de 12 meses».

A su entender, la comentada directriz de Lanbide «desprotege, por una parte, a los niños menores al pasar por alto la recomendación general del Ararteko sobre la obligada consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de garantía de ingresos, además de varias sentencias de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo».

Situaciones reales frente a campañas institucionales

Por otra parte, han denunciado que «este nuevo recorte de derechos también lo sufrirán principalmente aquellas mujeres que se ven obligadas a volver a casa de sus familiares más directos por no poder hacer frente a empleos precarios, abusivos alquileres y alto coste de la cesta de la compra o recursos básicos como la luz».

«A pesar de las campañas institucionales de respeto a los derechos de las mujeres o contra la violencia machista, a la hora de la verdad los servicios públicos, como Lanbide, no tienen en cuenta las situaciones concretas y reales que sufren las mujeres: precariedad y feminización de la pobreza», han criticado.