Visibilizar, valorar y repartir los cuidados entre hombres y mujeres, pero también entre las instituciones y la sociedad es un mensaje que se viene repitiendo en los últimos años, y con especial fuerza en los últimos meses. Cuidar es vital para la supervivencia y el funcionamiento de la sociedad, pero tanto en el ámbito familiar como en el público, su responsabilidad recae principalmente en las mujeres. Un esfuerzo invisibilizado pese a su valor, que un estudio de Oxfam de 2020 estima supera cada año los 10,8 billones de dólares y en tiempo se traduce en alrededor de 12.500 millones de horas diarias. Trabajos sin contraprestación que paradójicamente posibilitan la actividad productiva.  

El confinamiento puso en primera línea todas estas tareas y consideró imprescindibles a quienes ya venían exigiendo mejoras; sirva como ejemplo el caso de las residencias de mayores de Gipuzkoa, dos años en huelga por un convenio digno. Así mismo, ha contribuido a la reflexión sobre cómo está organizada la sociedad y el lugar que ocupa en ella el cuidado. Sin embargo, el reconocimiento se ha quedado en el plano discursivo, no se ha traducido en mejores condiciones laborales ni mejores sueldos ni mayor seguridad para la salud de las trabajadoras. Por eso, trabajadoras de centros de mayores, del ámbito de la diversidad funcional, de intervención social, de centros de menores o del servicio de ayuda a domicilio han vuelto a las calles con nuevas huelgas para reivindicar mejores condiciones tanto para las personas cuidadas como cuidadoras.  

Denuncian que el sistema ha convertido los cuidados y los servicios sociales en «nichos de negocio»; pese a su titularidad pública, la mayoría están privatizados y subcontratados. Una realidad que antepone los beneficios económicos a la calidad asistencial e impone a las plantillas una condiciones laborales con sueldos precarios, turnos interminables y ritmos de trabajo que ponen en riesgo su salud. Exigen acabar con la mercantilización, publificando los servicios con la subrogación de las trabajadoras y una mejoría «sustancial» de las condiciones.

Así mismo, piden garantizar un servicio de calidad a todas las personas que lo necesiten, facilitando el acceso, garantizando todas las prestaciones y mejorando tanto el tiempo como la intensidad dedicada a cada persona usuaria. Señalan que el objetivo debe ser promover la autonomía de la persona frente al asistencialismo, así como la promoción de redes comunitarias y sociales.

Cambio de marco

Junto con estas medidas más inmediatas, desde el sindicato LAB subrayan la necesidad de reorganización social de estos trabajos. Apuestan por garantizar un presupuesto suficiente para llevar a cabo el sistema público vasco de servicios sociales y de cuidados, de gestión directa, comunitaria, universal, gratuita y de calidad, así como avanzar hacia un modelo socioeconómico que ponga en el centro la vida.

En el Estado español el 86% de los cuidados se realizan en ámbito familiar, lo que se traduce en que en la gran mayoría de los casos son las mujeres quienes se encargan de esas tareas. Tras esa realidad se entrecruzan distintos factores. Por una parte, la romatización, la idea de que se prestan mejores cuidados en la familia, unida a las brechas de género, sobre todo las salariales; que en la practica sirven para que las mujeres salgan «voluntariamente» del mercado laboral para hacerse cargo de los cuidados cuando resulta necesario.

Por otra parte y en esa misma línea, son ellas las que se acogen mayoritariamente a las medidas de conciliación, con la penalización que supone en el día a día y a futuro, «cortando la posibilidad de carrera profesional y de consolidación en el empleo» además de su repercusión en las pensiones.

Ante esta situación, LAB considera que son necesarias políticas activas de corresponsabilidad que no perpetúen la división de roles entre quien cuida y quien no, o medidas para ir obligando a los hombres a conciliar, como hacer que se vayan igualando los sueldos, para evitar la trampa de que quien más gana se quede en el mercado laboral y quien menos cobra se acoja a las medidas.

Cuando el cuidado se mantiene en el hogar, pero no son los familiares quienes los llevan a cabo, sino que contratan a alguien, las escogidas suelen ser mujeres, muchas veces de otros orígenes o racializadas, que trabajan de manera muy precaria o en situación de semi-esclavitud, como el caso de las internas. Ante esta realidad, abogan por ir desarrollando normativas para  regular los trabajos remunerados que se hacen en el hogar con un convenio colectivo laboral propio y se busquen alternativas para las personas que necesitan cuidados las 24 horas del día.