No había margen para una sorpresa mayúscula. PP, PSOE y Ciudadanos han hecho valer su peso en los tres principales grupos del Parlamento Europeo, a los que se ha sumado buena parte de la extrema derecha, para sacar adelante el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo español y retirar la inmunidad a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, los tres dirigentes catalanes exiliados con acta de eurodiputado.

La medida ha sido aprobada por 400 electos contra 248, además de 45 abstenciones al final de una votación secreta abierta el lunes por la noche. Cabe recordar que los tres principales grupos de la Eurocámara –populares, socialistas y liberales–, suman un total de 459, y que varios de los apoyos al suplicatorio han venido de partidos ultraconservadores y ultraderechistas, por lo que al final han sido unos cuantos los eurodiputados que han roto la disciplina que querían imponer en sus grupos PP, PSOE y Ciudadanos.

En el entorno de los exiliados se daba por bueno acercarse a los 200 votos en contra del suplicatorio, por lo que los 248 logrados –más de un tercio de la Eurocámara– rebasan las expectativas y refuerzan la posición de Puigdemont, Ponsatí y Comín ante el Tribunal de Justicia de la UE, próxima estación.

En cualquier caso, cabe recordar que, pese a la euforia que se desatará en medios españoles en las próximas horas, la extradición sigue siendo una batalla de largo recorrido. La palabra vuelve ahora a los tribunales belgas y escoceses, donde los antecedentes no son buenos para los intereses españoles.

Proceso irregular

El suplicatorio del juez Llarena llegó ayer al pleno del Parlamento Europeo después de su aprobación en el Comité de Asuntos Jurídicos, cinco de cuyos 24 miembros son españoles, y uno de los cuales, el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, ejerce de presidente. Es la primera de varias irregularidades que han acompañado todo el proceso del suplicatorio. La segunda va asociada al autor de la ponencia favorable a los intereses españoles, el ultraderechista búlgaro Angel Dzhambazki, que se ha pronunciado en más de una ocasión en contra del independentismo catalán.

También han sido motivo de queja, por parte catalana, la filtración de la ponencia que se votó en la comisión –es confidencial, y el Parlamento europeo ha abierto una investigación para tratar de esclarecerlo–, y errores de bulto como la atribución a Ponsatí de la acusación del delito de sedición, algo que sencillamente es mentira.

Fuentes del Parlamento Europeo consultadas por NAIZ aseguran que las presiones de los españoles, denunciadas recientemente por Puigdemont, han sido intensas y han implicado a muchos estamentos, desde la embajada en Bélgica hasta los eurodiputados españoles con puestos estratégicos en el Parlamento –por ejemplo, presidentes de comisiones con capacidad de vetar, obstaculizar o facilitar el trabajo de otros eurodiputados–. Ayer mismo se dejó ver por Bruselas el ministrio de Justicia español, Juan Carlos Campo.

¿Y ahora qué? Turno para el TJUE

La pelota volverá a los tribunales belgas y escoceses, pero antes pasará deberá pronunciarse sobre el tema el TJUE. Por un lado, Puigdemont, Ponsatí y Comín ya habían anunciado su intención de recurrir llevar al tribunal comunitario las irregularidades del proceso del suplicatorio, algo que ha confirmado hoy el abogado Gonzalo Boye.

«Iremos al TJUE, que es a quien corresponden las demandas de anulación por las decisiones del Parlamento Europeo, pero vamos a hacer otras muchas cosas más», ha dicho en declaraciones a TVE, para luego matizar que «ahora toca leer la resolución y terminar de escribir escritos que preparan para actuar», aunque no ha querido avanzar nada dado que «cada cual tiene que jugar sus cartas de la mejor manera posible».

A pesar de la retirada de la inmunidad, Boye ha señalado que no espera «en absoluto» que la justicia belga responda positivamente a la extradición dado que «es un tema zanjado». De hecho, ha añadido que jurídicamente están «tranquilos y preparados» porque en el asunto ya «hay un jaque mate» y lo único que falta es conocer en cuántas jugadas se termina la partida.

Pero por una vía paralela, Llarena también llevará el caso de las extradiciones al tribunal europeo, después de haber preguntado a las partes implicadas su opinión. Llarena, evidentemente molesto ante la negativa de Bélgica a extraditar al también exiliado Lluís Puig –decisión que, en coherencia, debería ser aplicable a Puigdemont y Comín–, quiere preguntar al TJUE hasta qué punto pueden los tribunales de un país oponerse a una extradición solicitada por otro país de la propia UE.

El proceso de extradición se dirimirá después en cada país, pero el marco lo establecerá el TJUE –al menos en el caso de los exiliados en Bélgica–, que puede decidir a favor de los intereses de Llarena, limitando la soberanía judicial de un país, o puede no aceptar siquiera a trámite la cuestión planteada por el juez español. Lo primero dejaría a Puigdemont más cerca de la extradición. Lo segundo sería la sentencia definitiva para Llarena y, probablemente, el fin de la persecución contra los exiliados catalanes.