La semana pasada el Juzgado de Instrucción número 2 de Gasteiz finalizó el sumario que ha sido remitido a la Audiencia Provincial, que será la encargada de juzgarlo, y que ahora se abre el plazo para que las partes personadas presenten sus escritos de acusación y defensa.

En concreto los delitos que el juzgado que ha instruido observa son los de corrupción de menores, contra la libertad sexual, tenencia y distribución de pornografía y contra la salud pública.

Este caso saltó a la luz en noviembre de 2016 cuando se conoció que la Ertzaintza estaba investigando la presunta existencia de una red de prostitución de menores que estaban bajo la tutela de la Diputación de Araba tras recibir una denuncia del director de centro de Sansoheta en Gasteiz, donde se acoge a jóvenes con problemas graves de comportamiento cuya tutela ha sido retirada a los padres.


Al parecer, los imputados en este caso pagaban por tener sexo a menores que estaban en ese centro. Cuando se conoció este hecho la entonces diputada foral de Servicios Sociales, Beatriz Artolazabal, afirmó que las víctimas, al menos cinco, tenían entre 14 y 17 años y estaban internas en el centro en régimen abierto.