Tapia ha mantenido esta opinión en una rueda de prensa en el Parlamento de Gasteiz donde ha acusado al Ayuntamiento de Azpeitia de estar «poniendo en riesgo» un proyecto que podría generar «unos 700 empleos directos e indirectos».

La consejera ha señalado que los escollos que se pusieron al proyecto impulsado por el grupo Cristian Lay para Corrugados han sido de «carácter medioambiental y urbanístico» y que en materia medioambiental el grupo se ha mostrado dispuesto a hacer las inversiones necesarias.

El Gobierno municipal de Azpeitia, de EH Bildu, considera que sería ilegal la reapertura de la planta, ubicada en el núcleo urbano y cerrada en 2013, porque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) actual establece que parte de esos terrenos están destinados a vivienda y equipamientos.

El Consistorio defiende trasladar la actividad fuera del núcleo urbano y trasladar los hornos a la zona de Trukutxo.

El Ayuntamiento realizó este miércoles una reunión con los vecinos del municipio en la que la alcaldesa, Nagore Alkorta, explicó los detalles del proyecto de reapertura de Corrugados y abogó por que «el asunto se resuelva de forma local». En ese contexto, asumió, no obstante, que en estos momentos no sería posible realizar una consulta popular al no tener aún el proyecto concreto de la empresa.

La consejera dice haberse leído el PGOU

Tapia, que ha asegurado haber leído varios puntos del plan urbanístico de Azpeitia, ha afirmado que «no es cierto» que el PGOU no permita esa actividad.

«El Plan General lo permite», ha insistido la consejera, quien ha incidido que en estos momentos no existe ningún problema urbanístico, sino que se está ante un «problema político», algo que ha dicho es «incomprensible pero real».

La consejera también ha opinado que si el Ayuntamiento de Azpeitia quiere desarrollar una consulta popular sobre el tema «debería pronunciarse y decir que prefiere una actividad urbanística al desarrollo de esa actividad industrial».

«Es lícito (ese posicionamiento), lo aceptamos pero no hay excusa urbanística para que esa actividad se pueda desarrollar», ha remarcado Tapia, quien también ha precisado que si se va a plantear una consulta popular significa que jurídicamente es posible la reapertura porque de lo contrario no se podría.

La consejera ha añadido que «urge definir qué se quiere» hacer porque hace prácticamente un mes el grupo Cristian Lay reclamó una respuesta.

«La persona que quiere desarrollar esta actividad está esperado una respuesta y no podemos hacerle esperar porque las oportunidades hay que cogerlas cuando pasan», ha concluido Tapia, que recordado que esta reapertura cuenta con el apoyo tanto de Gobierno autonómico como de la Diputación de Gipuzkoa.