En la reunión del consejo de la Mancomunidad Vasca, que se ha iniciado pasadas las 09.00 en la sala Lauga de Baiona, se han escuchado voces favorables a cambiar los modos de hacer de la institución, dando un espacio más significativo a las familias políticas, en definitiva, incorporando un ingrediente de «democracia representativa» a una entidad que desde su nacimiento en 2017 ha basado su funcionamiento en «una inteligencia colectiva, más allá de las siglas», según ha expuesto Jean-René Etchegaray.

«En Atenas no se planteaba el debate sobre la democracia en estos términos, tampoco en el Biltzar que crearon nuestros antepasados, que daban la voz a los pueblos, y creo que esta institución nació para representar a un territorio», ha defendido el presidente de la institución, que se ha apoyado en esa argumentación para responder a las voces críticas que se han escuchado en el cónclave del consejo de la Mancomunidad Vasca sobre el funcionamiento interno de la institución.

Entre otros electos, la socialista baionarra Colette Capdevielle ha marcado, por el contrario, el horizonte de una institución que se elija por sufragio directo universal, ello en un contexto de incomodidad indisimulada, que ha estado presente desde antes de reunión, por las formas de hacer del presidente, y en concreto de su interpretación, ciertamente personalista, del reglamento interior de la Mancomunidad.

De hecho, haciendo una interpretación estricta de las reglas sanitarias que, en contextos de mayores niveles de contagio, no impidieron que se reuniera el consejo al completo, Echegaray ha optado en esta ocasión por reducir el aforo, lo que ha llevado a una parte de los electos a otorgar su voto, y a seguir la reunión desde su domicilio, gracias a que la reunión se ha retransmitido, por primera vez en directo, por youtube.

Ello no ha impedido que muchos electos, entre ellos el médico y electo de Biarritz, Guillaume Barucq, hayan defendido que no había obstáculos sanitarios reales para que se juntaran en la sala Lauga los 232 electos convocados a tomar parte en este órgano deliberativo de la primera institución de Ipar Euskal Herria.

Queja por hablar en euskara

Ese ambiente pesado ha marcado, desde el principio, la reunión en la que, por si fuera poco, han aflorado algunos tics que podrían considerarse que estaban superados, como cuando el alcalde de Angelu, el conservador Claude Olive, ha reprendido haciendo apelación a la ley republicana al consejero comunitario Egoitz Urrutikoetxea (EH Bai), por dar prioridad en su su intervención al euskara.

Urrutikoetxea se ha sumado a las críticas por la decisión que adoptó Etchegaray de retrasar la reunión del consejo, y ha hecho hincapié en la presencia escasa de representantes de Zuberoa y Nafarroa Beherea entre los 120 electos que han asistido de manera presencial a la reunión.

El representante zuberotarra ha puesto así, junto a la cuestión de la democracia interna, la queja sobre el centralismo de la institución en el centro del debate.

Urrutikoetxea ha recibido un apoyo emocionado del alcalde de Urruña, Filipe Aramendi, que ha sido ovacionado al hacer público su compromiso de seguir dirigiéndose al consejo, como ha hecho al exponer su informe sobre educación, «en la primera lengua que escuché a mis 53 años, y la unica que hablé hasta los seis años, sin que ello me impidiera aprender la lengua francesa que creo utilizar con bastante corrección».

Igualdad entre mujeres y hombres

La intervención de Sauveur Bacho, alcalde de Arberatze, proponiendo postergar la toma de decisión sobre la cuestión de la democracia interna en el seno de la institución -los electos "sin etiqueta" tienen miedo a perder voz- ha calmado los ánimos y ha servido de percha a Etchegaray para dejar en manos de los polos territoriales la tarea de ahondar más adelante en ese debate.

Ello ha despejado el camino a la aprobación por amplia mayoría mayoría -183 de los 221 electos han votado a favor- del reglamento por el que se regirá la institución nacida en enero de 2017.

Los electos han avalado después, sin extenderse en debates, varios informes, como los relativos al desafío climático y a «insertar la igualdad entre mujeres y hombre en el seno de la política territorial».

En ese segundo informe, defendido por la vicepresidenta de la institución, la alcaldesa de Idauze-Mendi, Renée Carrique, y por la electa ecologista baionarra Martine Bisauta, se destaca que, tras las elecciones locales de marzo-junio 2020,  el 31% de los electos de la institución son mujeres, mientras que en el consejo permanente o ejecutivo se ha pasado del 19% al 34%, pero se insiste en que «hay mucho que hacer para dar el lugar que corresponde a la mujer en todos los ámbitos y también en nuestra institución».

Los «puntos» calientes dentro de las 42 cuestiones del orden del día se centraban en las materias relativas a las cuentas de la institución, al plan de movilidad y a inversiones que generan debate como la relativa a las obras de mejora en el estadio Jean Dauger en que juega sus partidos el club de rugby Aviron.

Apoyo a la fibra, menos a la 5G, y debate de movilidad

El vicepresidente encargado de la materia, Kotte Ezenarro, ha remarcado el «buen estado de salud» de las fianzas de la institución, con nivel del 72,9% de ejecución presupuestaria y un ratio de amortización de deuda de 5,9 años.

El también alcalde socialista de Hendaia ha defendido que «para preservar la trayectoria financiera la Mancomunidad Vasca, el informe de orientación presupuestaria para 2021 propone priorizar de forma más clara las políticas públicas cara al futuro».

En todo caso las diferentes intervenciones han augurado problemas derivados de la reducción de la aportación del estado y se ha puesto sobre la mesa la necesidad de contar con herramientas fiscales para hacer frente a las políticas que desarrolla la institución.

Los electos han actado el debate, sin recurrir a la votación, al no haber ninguna posición en contra. El resto de puntos, ligados ya al presupuesto primitivo ya a las tasas de distintos servicios han pasado igualmente en ese clima de corcertación, aunque el malestar ha vuelto a saltar en relación al retraso y los problemas que acusa el plan de extensión de la red de la fibra óptica.

Un tema que, desde otra visión, exponían los colectivos contrarios a la red 5G, que se han concetrado a las puertas de la sala Lauga. Y que ha saltado al pleno por la boca de Martine Bisauta, que ha comenzando aclarando que la mancomunidad no tiene competencias más allá de pedir simbólicamente una moratoria.

Bisauta ha explicado que son las localidades concernidas - Baiona o Ziburu han recibido decenas de quejas de personas contrarias a la eventual instalación de antenas- las que deben pronunciarse al efecto. Ha propuesto como alternativa un texto que planea exigir a las operadoras una catografía a la escala de los tres territorios sobre la implantación de la tecnología, y compromete a la institución a hacer un seguimiento estrecho de la actividad de esas empresas, y actuar en consecuencia ante el Estado.

Las distintas intervenciones han demostrado una apuesta decidida de los electos por la fibra, y también la persistencia de dudas sobre las repercusiones «también en materia de paradigma de sociedad» de la 5G.

La declaración propuesta por el consejo ejecutivo no ha convencido del todo, y de hecho la división se ha evidenciado a la hora de valorar ese texto «consensuado» en el seno de una comisión «ad hoc» por la institución. 167 electos han votado a favor de esa declaración que no incluye la petición de moratoria, 12 han votado en contra y se han registrado 32 abstenciones.

No ha habido objeciones a la incorporación de dos localidades landesas Ordres y Saint-Martin-de-Seignanx al Sindicato de Movilidades, pero se ha encendido el debate sobre el plan de desplazamientos urbanos (PDU).

La electa de Itsasu Nicole Etxamendi se ha quejado del poco tiempo para analizar un documento extenso, ha apoyado el objetivo a 2030 de rebajar en un 50% los desplazamientos en vehículo particular.

Ha pedido disposiciones más precisas, por ejemplo en relación de la línea ferroviaria Baiona-Donibane Garazi, y un pronunciamiento más claro en línea con el rechazo a la segunda línea de TAV expresado desde hace años por la mayoría de las localidades de Iparralde.

También la cuestión de las emisiones carbono, muy particularmente en relación con la A63, ha dado lugar a un vivo debate, centrado en tarifas pero también en la ampliación y gratuidad de los transportes colectivos.

Finalmente, ese plan de movilidad ha sido aprobado por 166 votos a favor, 10 en contra y 35 abstenciones.

Interés común y equipamiento del Aviron

Como se preveía, ya entrada la tarde, el capítulo de las inversiones ha animado el tramo final del encuentro maratoniano del consejo de la Mancomunidad Vasca.

Por diferentes motivos, las inversiones han salido adelante tras un rico debate sobre el reparto de los recursos, la equidad, el equilibrio territorial, y la necesidad de un debate sobre las necesidades del país.

Algunos electos han remarcado que las inversiones se concentran en la costa, caso de la sala cultural de Donibane Lohizune (2,5 millones) cuando hay necesidades tanto o más acuciantes -se ha puesto como ejemplo Atharratze- tanto en materia cultural como deportiva en otras latitudes del país.

En otros casos las intervenciones se han centrado en expresar dudas cuando no críticas abiertas a la decisión del ejecutivo de apoyar con dos millones a un club de rugby profesional como el Aviron de Baiona, para que pueda mejorar sus instalaciones, y en concreto construir una nueva tribuna.

La declaración de interés comunitario para el polideportivo de Baigorri ha concitado mayor consenso, aunque en general -tras siete horas de pleno- el cruce de intervenciones ha sido por momentos agrio.

El proyecto cultural de Donibane Lohizune ha salido adlante con 163 a favor, 8 en contra y 43 abstenciones.

La inversión destinada al Aviron ha contado con 141 a favor, 44 en contra y 24 abstenciones.

Finalmente la declaración de interés comunitario para la sala deportiva de Baigorri ha recibido 183 votos a favor,  2 en contra y  29 abstenciones.