Solo quedan dos días y unas pocas horas para que el Parlament celebre el primer pleno de investidura, pero la elección de Pere Aragonès como nuevo president todavía está en el aire. No hay alternativa real posible, pero eso no parece razón suficiente para que la investidura esté garantizada. Al menos en la primera vuelta, en la que el candidato de ERC necesitaría la mayoría absoluta –68 diputados– para salir elegido. En segunda votación –la Mesa debate si debería celebrarse el domingo o esperar al martes–, bastaría con una mayoría simple, pero tampoco está claro que entonces vaya a obtenerla. En tal caso, se abriría un periodo de dos meses para seguir las negociaciones.

Por lo tanto, pese a la inmediatez de la primera sesión de investidura –hay que convocarla por ley dos semanas después de ser constituido el Parlament–, el calendario todavía no aprieta, y las negociaciones permanecen abiertas. Tras la victoria por la mínima ante Junts –33 diputados frente 32–, la estrategia de ERC ha sido bastante evidente desde el primer día: sumar a los nueve diputados de la CUP para tratar de ganar una posición de fuerza en las negociaciones con Junts, que son las que se antojan más intensas. Así lo ha venido a confirmar hoy el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, que ha pronunciado una conferencia para aplacar ciertas euforias después de que todo pareciera encaminado con el preacuerdo alcanzado por ERC y la CUP el domingo.

Ese principio de acuerdo, cuyo contenido se ha conocido también hoy, debe ser ratificado todavía por la formación de la Esquerra Independentista, pero además, no vincula a Junts, cuyas negociaciones con ERC van en paralelo. El preacuerdo, por lo tanto, difícilmente será la única base del programa de gobierno de Aragonès, cuya composición todavía es un misterio. Se da por hecho que implicará una coalición con Junts, pero está por ver si contará con consellers de la CUP, dado que es algo que el preacuerdo no concreta. Son muchos, por tanto, los elementos que siguen en el aire.

¿Quién coordina?

Sànchez ha mostrado su predisposición a facilitar la investidura de Aragonès, descartando de plano presentar candidato, pero se ha negado a entregar «cheques en blanco», y ha defendido la necesidad de lograr un acuerdo sólido «de legislatura», y no solo de investidura. De ahí que haya rechazado especificar si las negociaciones deben dar sus frutos en «días» o en «semanas». Lo importante, según Sànchez, es lograr un «gobierno fuerte», a través de cierta unidad estratégica del independentismo, la cual brilla ahora mismo por su ausencia.

Y aquí vienen las complicaciones. De saque, no hay grandes diferencias entre la dirección a tomar. ERC y CUP han pactado dar un plazo de dos años a la mesa de diálogo con el Gobierno español, y si se constata la falta de avances, buscarán un nuevo «embate con el Estado», priorizando un nuevo referéndum. Sánchez, por su parte, ha defendido hoy el plebiscito pactado como primera opción, y la desobediencia como segunda, ante la previsible negativa del Estado.

La música que suena, por lo tanto, es parecida, pero no hay acuerdo sobre el director de orquesta. ERC y CUP defienden un nuevo espacio de confianza entre partidos y entidades independentistas, mientras que Junts insiste en otorgar el papel central al Consell per la República que lidera Carles Puigdemont desde Bruselas. Será un hueso difícil de pulir en las negociaciones abiertas.

Preacuerdo ambicioso

A la espera de los frutos del diálogo entre ERC y Junts, hoy se ha podido poner la lupa sobre el preacuerdo entre Esquerra y la CUP. Se trata de un programa ambicioso que quizá sea más prudente tomar como una declaración de intenciones y objetivos, más que como un compromiso cuyo cumplimiento está garantizado; para empezar, porque uno de los principales actores del futuro Govern, Junts, ni siquiera ha participado en él.

Además de los dos años de plazo a la mesa de diálogo con Madrid, el preacuerdo incluye el sometimiento de Aragonès a una cuestión de confianza en el ecuador de la legislatura, la suspensión del uso de proyectiles de foam por parte de los Mossos, la retirada de la Generalitat de la mayoría de acusaciones contra manifestantes y un intenso programa socioeconómico para hacer frente a la salida de la crisis.

En el texto difundido ayer se encuentran desde el impulso de una banca y una compañía eléctrica públicas, hasta una prueba piloto de renta básica. También se acuerda la elaboración de un estatuto catalán del trabajador, así como numerosas iniciativas para hacer frente a la emergencia habitacional, entre los que destacan la recuperación de un 30% de las viviendas en manos de la SAREB y la inversión de 1.000 millones anuales en políticas de vivienda.