La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha anunciado este lunes que la Unión Europea destinará 155 millones de euros adicionales para la construcción de nuevos campos de refugiados en las islas griegas de Lesbos y Quíos. En total, la UE destinará 276 millones de euros a la construcción de centros de acogida que estarán listos en tres meses.

El ministro de Migración griego, Notis Mitarakis, ha explicado que los nuevos centros serán cerrados pero se pemitirá la entrada y salida de los mismos durante los horarios establecidos. «Para aquellos que creen que solo estamos creando nuevos Moria, creo que verán en la práctica que están equivocados», ha señalado.

No obstante, lo cierto es que no todas las personas podrán salir de los nuevos campos. Así, no podrán moverse con libertad las personas que vayan a ser devueltas devueltos a Turquía. En este sentido, Johannsson ha realizado un llamamiento a Ankara para que «reanude inmediatamente las devoluciones de migrantes» y acepte a las 1.540 personas que Grecia ha identificado como «elegibles» para su regreso a Turquía.

Esta parece ser la estrategia diseñada por la UE para rebajar la tensión, ya que la propia consejera ha advertido de que « la paciencia de todo el mundo tiene un límite», en alusión a las protestas encabezadas por ultraderechistas. Las propias autoridades han accedido a parte de las peticiones de estos grupos, a los que han trasladado que el centro previsto en Samos acogerá a 1.300 refugiados como mucho.

Esta tarde, visitarán el campo de Lesbos, construido después de que el fuego devorase el campo de Moria, dejando a miles de personas a la intemperie el pasado setiembre.

Nuevo rescate

Mientras Europa aboga por la devolución de migrantes y los campos, las ONG continúan rescatando a personas en el Mediterráneo central. En las últimas horas el barco Open Arms ha rescatado a 219 migrantes, 56 de ellos menores y dos mujeres embarazadas, en tres operaciones de salvamento efectuadas en una zona de responsabilidad de las autoridades maltesas.

Open Arms ha reiterado que Libia «no puede ninguna manera de ser considerado un puerto seguro, y que las autoridades europeas deben dejar de rechazar a los que intentan cruzar el Mediterráneo».

Italia y Malta, por su parte, se escudan en el covid-19 para alegar que sus puertos no son seguros. Las autoridades italianas obligan a los migrantes salvados a los que autorizan la entrada en el país a que pasen dos semanas de cuarentena preventiva a bordo de una embarcación antes de pisar tierra y ser reubicados en centros de acogida.