Si no es hoy será mañana cuando Gasteiz pase del límite de los 400 casos de covid por 100.000 habitantes en 14 días con el que el Gobierno de Lakua ha decidido que no se pueda ni entrar ni salir de un territorio y que el interior de la hostelería se limite a desayuno, vermú y comida, saltándose el hamaiketako y negando la merienda. Y Bilbo le pillará en pocas horas. Pero la vida seguirá igual, como si el peligro no existiera, porque, viéndolas venir, el lehendakari, Iñigo Urkullu, firmó un decreto por el que la tasación se hacía el viernes pasado y hasta el martes que viene ahí se las den todas.

Después de maldecir el «salvar la Navidad», el objetivo evidente pero no declarado de esta medida es el de «salvar la Semana Santa», salvo que seas de Muskiz, donde el corte le pilló con una tasa de 427,86 y poco importa que para ayer hubiera bajado a 254,04. La cuestión está ya en el TSJPV.

Hasta que el 5 de marzo se derogó la medida (vamos a saltos cada vez más cortos), la revisión de los municipios que superaban la tasa de 500 casos, que era la fijada entonces, se hacía dos veces por semana, lo lunes y los jueves, y nadie del Gobierno ha dado una explicación convincente de por qué en esta ocasión se va a hacer de lunes a lunes salvo que sea festivo, como el de Pascua próximo. Se le llama hacerse trampas al solitario.

En enero y febrero, la revisión de los datos municipales se hacía  dos veces por semana y la decisión actual de  hacerlo solo los lunes pretende únicamente salvar la Semana  Santa para capitales como Gasteiz y Bilbo

Todo el mundo, también los responsables sanitarios, temen que salvada la Semana Santa y estos días en los que el transporte público se ha abarrotado para llenar playas y paseos costeros, lo que empiecen a sobrar sean contagios, ingresos hospitalarios y enfermos en las UCI. Y será entonces cuando desde el Ejecutivo nos culpen a la ciudadanía de haber hecho lo que nos han invitado a hacer, porque mientras nos rogaban que redujéramos la movilidad a lo indispensable, nos proponían planes de turismo interior y nos vendían bonos de consumo.

Si después de un año de restricciones dejas a la gente le dejas en cinco días festivos que tiene, ésta se mueve, y no es legítimo culparle después de que se haya movido.

Según la última encuesta realizada por el propio Gobierno de Lakua a finales de enero, cuando no se podía salir ni del propio municipio, el 40% de los sondeados pedía medidas más restrictivas y el 25%, el mantenimiento de las entonces vigentes. El 55% veía bien impedir el movimiento entre localidades y el 45% hasta aprobaría la vuelta al confinamiento en casa, aunque un 52% no lo desea.

Con estos números, está claro que la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa está dispuesta a aceptar las incomodidades de las restricciones, si le son bien explicadas. Sin embargo, mientras la tasa de contagios se disparaba, se decidió no hacer nada durante la Semana Santa.

En lo que el Ejecutivo de Lakua ha acertado es en acelerar por fin el proceso de vacunación hasta cifras desconocidas desde enero. Lo que llama la atención es que en ningún caso reconozca que la estrategia seguida hasta hace unas pocas semanas, cuando la media de inoculación de las dosis recibidas oscilaba entre el 61% y el 73%, no era la adecuada. Se dijo que no había vacunas suficientes mientras se guardaban más de las necesarias. Afortunadamente esa decisión se ha corregido.

Otra cosa es que, pese al acelerón, todavía haya sectores esenciales sin vacunar y que no se atienda a enfermos crónicos, cuya salud está más afectada que la de muchos octogenarios.

La política comunicativa del Departamento de Salud se basa en forzar anuncios llamativos cada día. El martes se dio un listado de 151 centros de vacunación, incluyendo La Casilla, en Bilbo, y el frontón Lakua, en Gasteiz, pero en el que no figuraba el BEC –pese a que estaba ya preparado–, que se guardó como traca noticiosa para ayer. Siempre alguna sorpresa que capte la atención.

Mientras el Gobierno cruzaba haciendo equilibrios la cuerda floja de las medidas para salvar la Semana Santa llegó el vendaval de la venta de Euskaltel, una firma que es más que una compañía telefónica, que arrancó como una herramienta de autogobierno y que entró en el corazón de muchas vascas y vascos a través de un equipo ciclista que, convertido en una especie de Euskal Selekzioa, llegó a llenar las carreteras de los Pirineos de color naranja durante jornadas memorables del Tour.

La idea de que una empresa levantada con el dinero común se acabe privatizando y vendiendo «para que cuatro listos se lo lleven crudo», como se dijo el martes, ha cundido en una sociedad a la que no le gustan este tipo de tejemanejes.

La venta de una compañía levantada con dinero público como Euskaltel para que ahora «cuatro listos se lo lleven crudo» cae muy mal en la mayoría social

Resulta difícil de tragar que, además, el Ejecutivo de Urkullu trate de vender como una buena noticia lo que a la postre es la desaparición de Euskaltel a plazo fijo. Del lunes al martes, la consejera Arantxa Tapia tuvo que bajar de tono, sobre todo cuando se supo que la dirección de la firma se va a llevar 27 millones de euros de este pelotazo.

El vicelehendakari primero del Ejecutivo, Josu Erkoreka, dijo ayer que el cobro de estos bonos no es «el estilo» de una empresa vasca. Que se lo diga a Xabier Iturbe, el hombre que el PNV puso al frente de Kutxabank en su momento, que después llevó a la Presidencia no ejecutiva de Euskaltel, y que cobrará un millón de euros por su venta. De hecho, estos bonos tan poco vascos ya se cobraron también hace unos pocos años con otra operación especulativa de la compañía naranja.

Lo que no se puede olvidar es que cada paso hacia la privatización y desarraigo de Euskaltel se ha dado siempre con el beneplácito del Gobierno de Lakua que, como recordó ayer este diario, llegó a ofrecer garantías falsas en el Parlamento de Gasteiz para justificar estas operaciones.

En una entrevista publicada ayer, el primer presidente de la telefónica vasca, José Luis Larrea, el encargado de poner en marcha el proyecto, rememoraba que «Euskaltel nació y creció inmersa en una lógica de país, con un impulso público importante, buscando a su vez un equilibrio con lo privado. Este escenario ya hace unos cuantos años que cambió, pero, insisto, no voy a decir si a mejor o a peor, pero es cierto que es muy distinto».

Larrea, que fue también consejero del Ejecutivo de Lakua entre 1991 y 1995, hace un indisimulado ejercicio de contención durante toda la entrevista, dejando claro que el modelo original se rompió hace años.

En este contexto, el Gobierno de Urkullu tenía que haber recibido ya la buena noticia de la transferencia de competencias publicitada para marzo, que finalmente no han acabado de llegar. Aunque parece que hay acuerdo y que incluso se acabará transfiriendo la gestión de las cárceles, hay que tener en cuenta que la competencia de unos pocos kilómetros de autopista se demoró durante meses.

En una entrevista, ayer, Erkoreka restó importancia a este retraso, afirmando que «las fechas son importantísimas, pero tan importante como eso es que las transferencias se hagan bien. La interlocución está siendo fluidísima y nuestro empeño es poder lograr un acuerdo y que se hagan bien».

Sin duda, el vicelehendakari primero del Ejecutivo recordará que, en realidad, estas transferencias no llevan solo unos días de retraso, sino que él mismo las negociaba ya en enero de 2019 con la entonces ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet. Un año y unas elecciones después, en febrero de 2020, el acuerdo estaba muy próximo con Carolina Darias y ahora también se dice que todo está a punto con Miquel Iceta. Tres ministros en dos años y ninguna transferencia sustancial para completar un Estatuto aprobado en octubre de 1979.

El único Estatuto, por cierto, de los existentes en el Estado español que sigue sin renovarse y no parece que tampoco en los próximos meses el Gobierno de Urkullu o los socios de coalición, PNV y PSE, vayan a dar ningún paso en este terreno.

Por cierto, habrán podido constatar que hasta el párrafo anterior no había habido durante todo este texto mención alguna al PSE. Pese a saberse que está en el Gobierno de coalición, ni en lo relativo a las decisiones sobre el covid y la Semana Santa ni sobre la venta y extinción de Euskaltel se ha escuchado ninguna voz de peso del partido de la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, que en la gestión común está a la sombra jeltzale.

Siguiendo la prensa diaria se observa que la imagen de «buen gestor» del PNV se está erosionando con decisiones como el baile de la yenka del LABI que precedió a la Semana Santa y sobresaltos emocionales como la pérdida de Euskaltel, aunque pese a todo ello no hay que olvidar, y los portavoces jeltzales ya se encargan de ello repitiéndolo hasta la saciedad, que ganaron las elecciones del 12 de julio y suman mayoría absoluta con el PSE. Pero tampoco debería perderse de vista que esta es la Lehendakaritza con menos votos populares de la historia.