La proposición de ley presentada por Olivier Falorni (del grupo Libertés et Territoires), que contemplaba el derecho a «un fin de la vida libre y elegido», dividía a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea francesa, que habían decidido permitir a sus representantes votar en conciencia. Sin embargo, la iniciativa ha decaído a medianoche al no haberse podido votar después de que los detractores de la misma presentaran una auténtica avalancha de enmiendas con el objetivo de cortar la discusión: más de 3.000, de las cuales 2.300 eran de un puñado de diputados de derechas.

De esta manera, se han aprovechado del limitado tiempo de los debates, que se cortan a medianoche. Como para entonces no habían terminado las intervenciones, el texto no se ha votado y ha decaído.

Esta «obstrucción» ha sido denunciada a voz en grito por los partidarios de la aprobación, a la que los opositores respondían con el «derecho imprescriptible» a presentar enmiendas.

A falta de una votación final dentro del tiempo asignado, el texto ha recibido una amplia aprobación de facto durante la votación –240 votos a favor, 48 en contra y 13 abstenciones– al final de la tarde tras una enmienda de Guillaume Chiche (ex-LREM, no adscrito) que recogía puntos centrales sobre la «asistencia médica al morir» o la cláusula de conciencia de los médicos.

Bertrand Pancher, jefe del grupo Libertés et Territoires, ha abogado por que la propuesta «sea asumida por el Gobierno» para dar lugar a una ley.

Por su parte, Falorni ha acogido con satisfacción el «mensaje fuerte» de apoyo que ha recibido, a pesar de que «la obstrucción no ha permitido llegar al final del texto».

El diputado por Charente-Maritime ha sido recibido en el hemiciclo con un estruendoso aplauso de sus simpatizantes, presentes en todos los bancos. «La inmensa mayoría de franceses están a favor del derecho a la eutanasia», ha proclamado.

Falorni ha criticado las miles de enmiendas introducidas a su texto, simbólicamente apiladas frente a él, destinadas a «evitar que la Asamblea vote» sobre toda la propuesta dentro del límite de tiempo. 

Desde el Gobierno, el ministro de Salud, Olivier Véran, se declaraba personalmente «no convencido de que este gran debate deba abrirse hoy –por ayer–», citando en particular el duro contexto de la pandemia. «El debate merece tener lugar, no hay duda» pero un tema tan «delicado necesita tiempo», ha dicho.

Amplio respaldo entre la ciudadanía

La proposición de ley llegaba este jueves a la Cámara Baja en primera lectura, con la defensa del mismo por el grupo Libertades y Territorios (LT), del que forma parte Falorni.  

Si hubiera sido aprobada en su redacción actual, permitiría recurrir a una «asistencia médica activa en la muerte» a cualquier persona «capaz y mayor de edad, en fase avanzada o terminal de una enfermedad grave e incurable», que no pueda ser «apaciguada» o que sea considerada «insoportable» por la afectada.

«Los franceses están preparados, están esperando esta gran ley de la libertad», subrayaba Falorni durante el debate.

De hecho, algunos sondeos muestran un amplísimo respaldo a la legalización de la eutanasia entre la población, en algunos casos superior al 80%.  

También era amplio el respaldo cosechado por esta iniciativa en el Palacio Bourbon –la sede de la Asamblea–, ya que cerca de 270 diputadas y diputados, de todos los colores políticos, respaldaban la iniciativa. Por tanto, no estaban lejos de la mayoría absoluta, establecida en 289.

«Nunca tantos diputados, procedentes de hasta once grupos, desde la extrema izquierda hasta la derecha, se habían pronunciado en favor de esta ley», comentaba el presidente de la Asociación por el Derecho de Morir con Dignidad, Jean-Luc Romero.

El Gobierno no mueve ficha

Muchos parlamentarios han lamentado en los últimos días que la tramitación de una proposición que plantea una cuestión de este calado social quede bloqueada por el ‘truco’ al que ha recurrido un grupo minoritario de oposición –18 diputados de diversas tendencias políticas–, lo que no sucedería si se tratase de un proyecto elaborado por el Gobierno, con el correspondiente estudio de impacto y el respaldo del Comité de Ética.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha mostrado pocos ánimos para legislar este tema. En la campaña presidencial de 2017, Emmanuel Macron no se comprometió a ello, aunque entonces comentó que personalmente preferiría poder elegir su final de vida.

El paso de la sedación profunda

Mientras la eutanasia ya ha sido legalizada en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y el Estado español, en los últimos veinte años los diferentes gobiernos franceses han encargado cuatro informes y los legisladores han adoptado hasta tres leyes sobre el fin de vida, sin que ninguna de ellas autorice la adopción de medidas tendentes a causar la muerte de un paciente.

La actual legislación fue adoptada en 2016, bajo el mandato de François Hollande (PS), quien en la campaña que le condujo al Elíseo se había comprometido a que toda persona pudiera beneficiarse de una asistencia medicalizada para terminar su vida con dignidad.

Pero ese principio, aplaudido por los defensores de la eutanasia, fue sacrificado en beneficio de un amplísimo respaldo político, que acabó por aprobar casi por unanimidad una ley de sedación profunda y continua hasta la muerte del paciente, y que otorgaba más importancia a las directivas anticipadas del mismo.

Casos mediáticos

Chantal Sébire relanzó el debate con las apariciones mediáticas de su rostro enteramente deformado por un poco corriente cáncer que, como relataba, le causaba insoportables dolores, lo que le llevaba a pedir públicamente una ayuda para morir.

Lo logró en 2008 gracias a un producto veterinario letal, lo que colocó la controversia de nuevo en el tablero político, recogida por Hollande, que dio el paso comentado.

Pero los límites de la nueva ley quedaron patentes en el caso de Vincent Lambert, enfermo en estado vegetativo, imposibilitado de expresarse, que acabó en una encarnizada batalla judicial entre su esposa, partidaria junto a los médicos de dejarle morir, y sus padres, militantes ultracatólicos, que pedían mantenerle con vida.

El pulso desembocó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que autorizó el fin de los tratamientos y la alimentación del paciente, que falleció en 2019.