Stop Desahucios, Alokairu e Inquilinos Azora han alertado de que en julio finalizan los 15 años de alquiler social para las 33 familias que habitan las VPO de Irun y que, en abril de 2022, puede suceder lo mismo con 40 familias de las VPO de Errenteria.

Han subrayado que todas estas familias proceden de las listas de Etxebide. «Tenemos conocimiento de que muchas de ellas, por su situación económica, ahora tampoco van a poder acceder a un préstamo bancario, por lo que acabarán siendo desalojadas de sus viviendas protegidas», han señalado. Y es que la empresa Artigalde, propietaria de las VPO, podrá poner a la venta los pisos, aunque sea a precio tasado, una vez se cumplan esos 15 años.

«La Ley de Vivienda Vasca (art 65) y el decreto 315/2002 de 30 de diciembre permiten al Gobierno Vasco a ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir las viviendas de VPO cuya protección haya finalizado y cuyos inquilinos no puedan comprarlas, aunque sea a precios tasados», han recordado las asociaciones.

Frente a ello, han pedido «compromiso» a Lakua con respecto a «las familias en situación precaria que no pueden acceder a un préstamo hipotecario y tampoco al mercado privado, por los elevados precios que no pueden costear» y que estas familias puedan seguir viviendo en ellas en régimen de alquiler protegido.

«No vamos a permitir que familias vulnerables de las VPO en régimen de alquiler de Gipuzkoa puedan ser desahuciadas una vez finalizado el periodo de sus alquileres sociales o bien porque la empresa propietaria suba los alquileres», algo que, según han apuntado, también puede suceder en agosto con 52 familias de Lasarte-Oria, ZUmaia y Benta Berrio.