Navarra Suma y PSN van externalizar el Servicio de Atención Domiciliaria de Iruñea a través de la creación de una empresa pública, lo que supondrá que la plantilla que actualmente lo gestiona «vea modificadas» sus condiciones laborales para ser empeoradas con el objetivo de reducir gastos, según denuncian trabajadoras de esta prestación.

Las trabajadoras recuerdan que este servicio nació «como una prestación enteramente pública, que posteriormente fue en parte privatizada y en parte convertida en una empresa pública. Hace cuatro años fuimos asumidas como plantilla municipal».

Cada uno de estos cambios «ha supuesto incertidumbre en la plantilla y en varios casos pérdida de derechos. Sin embargo, las trabajadoras seguimos haciendo nuestro trabajo lo mejor que sabemos. Hemos sido esenciales durante la pandemia y al menos durante un tiempo se ha valorado y premiado nuestro trabajo», añaden.

El cambio citado se llevará al Pleno del Ayuntamiento de Iruñea, donde está previsto que Navarra Suma y PSN sumen sus votos para aprobarlo. Las trabajadoras ya adelantan que esas formaciones justificarán el respaldo a esa externalización señalando que «una empresa pública es un servicio público y en parte tienen razón, el dinero que permitirá que el servicio funciones será público. Pero en parte mienten. Invitamos a las plantillas de las empresas públicas del Ayuntamiento y del Gobierno de Navarra a comentar públicamente sus condiciones laborales y sus convenios de referencia».

Denuncian que «si nos privatizan, no es para seguir como estamos, sino evidentemente para ahorrar. Y en este servicio el ahorro puede venir por gestionar mejor o por empeorar las condiciones laborales de la plantilla, que es la mayor parte del gasto».

Frente «a la solución fácil de ahorrar en las condiciones laborales», piden a Navarra Suma y al PSN que «pongan en práctica la moratoria que el comité de empresa ha planteado. Les invitamos a justificar con hechos el dinero invertido en contratar una empresa externa que ha estudiado cómo mejorar la gestión del servicio. Y que establezcan un año de moratoria para poner en práctica las medidas convenientes. Después podemos sentarnos a hablar».

Asimismo, solicitan al resto de la plantilla municipal «que haga pública su opinión. ¿No hay nada que decir desde el Comité de funcionarios? ¿Y qué opina la plantilla del área de Servicios Sociales de la que formamos parte?».

En su opinión, «ha pasado la hora de negociar. Es el momento de unir fuerzas y salir a la calle para reivindicar que un servicio de atención domiciliaria público y eficaz es posible. Es el momento de hacer saber a la población de Pamplona, a las personas usuarias del servicio y a los sindicatos que dicen defender lo público que necesitamos su ayuda, su voz ante el Ayuntamiento. Necesitamos que nos acompañen en la pelea que tenemos por delante. Necesitamos que crean de verdad en la defensa de los servicios públicos».

En estos momentos consideran que «solo nos queda apelar a la conciencia social del PSN en Navarra y tratar por todos los medios de frenar lo que parece una nueva vuelta de tuerca al desmantelamiento de lo público. Triste esperanza. Gestionar lo público consiste no solo en ponerse medallas con lo excelente, sino también en mejorar lo que puede ser mejorado. Pónganse a ello».

Este modo de proceder con el Servicio de Atención Domiciliaria de Iruñea recuerda a la maniobra realizada a finales del año pasado también por el equipo de Gobierno de Navarra Suma con el apoyo del PSN para desmantelar los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria y poner en marcha en su lugar el programa Coworkids.  

En este caso, ambas formaciones también pusieron el acento en que pasaba a ser un servicio de gestión pública, a pesar de que el ya existente había demostrado ser una «fórmula de éxito» y que el nuevo servicio suponía «volver a los 90» en protección a la infancia, además de perder participación comunitaria, según denunciaron desde los propios Servicios de Acción Preventiva Comunitaria.

«Evitar la rigidez en la contratación de personal»

Los temores de las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria de Iruñea se han podido empezar a ver confirmados hoy mismo, ya que, durante la presentación de los cambios que quieren introducir, el alcalde, Enrique Maya, y la concejala de Servicios Sociales, María Caballero, han puesto de relieve que el paso de la prestación a una nueva empresa pública quiere, entre otros objetivos, «evitar la rigidez en la contratación de personal».

En ese acto, han asegurado que quieren hacer frente a «la pérdida de la calidad del servicio», una situación que pondrían de relieve «la disminución del número de personas que lo demandan» y al incremento de «quejas recibidas».

Han añadido que la nueva organización «también pretende ganar en eficiencia, ya que la municipalización del servicio, según el informe externo encargado por el Consistorio, ha supuesto un incremento del gasto de 2 millones de euros cada año. En 2020, el coste de personal ascendió a 5,9 millones de euros, representando el 95% del total, que suma 6,1 millones de euros». El argumento de los gastos que ya apuntaban las trabajadoras ha salido a escena.

Aunque han asegurado que «las cerca de 200 personas que ahora trabajan en este recurso municipal mantendrán las mismas condiciones laborales que tenían, incluidos conceptos como la antigüedad».

Siguiendo con cuestiones laborales, han añadido que la nueva estructura administrativa «va a permitir que las contrataciones de personal se realicen de una manera más sencilla y rápida ya que no estarán sujetas al procedimiento administrativo público que las ralentiza, aunque continuarán elaborándose esas listas con los principios de publicidad, mérito y capacidad. El margen de actuación será más flexible, lo que permitirá acortar el tiempo entre que una persona demanda un servicio nuevo o la modificación del que recibe y es atendida».

Todo ello, según han afirmado, con el objetivo de «ofrecer un servicio debidamente planificado, gestionado y supervisado en el día a día que preste una atención integral y flexible, aligerando la carga burocrática y la tramitación administrativa, y que articule una solución que mejore la calidad del servicio prestado disminuyendo las incidencias y las sustituciones continuas de personal. En definitiva, una atención integral centrada en la persona con una organización de los recursos humanos que minimice el impacto que los cambios producen en la población vulnerable a la que ayuda».