El desalojo de una mujer y de sus tres hijos menores de edad de su vivienda en el barrio de Salburua fue ejecutado el pasado lunes y, según denuncia Kaleratzeak Stop, supone una «vulneración» del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prohíbe el desalojo de sus viviendas de personas vulnerables sin previa alternativa habitacional.

Este colectivo ha exigido al Ayuntamiento gasteiztarra y al Gobierno de Lakua que proporcionen a esta familia una vivienda «adecuada» en régimen de alquiler social.

El desahucio de Chaymae y sus tres hijos menores de edad, Rayan, Aaron y Ranya, que residían desde 2016 en una vivienda del Boulevard de Salburua, se ejecutó este pasado lunes.

A través de un comunicado, Kaleratzeak Stop ha asegurado que este desalojo es «un drama humano». La asociación ha explicado que la mujer y sus hijos «apenas tuvieron tiempo de recoger lo más imprescindible antes de ser desalojados, ya que el abogado había traspapelado la notificación y se le había olvidado comunicarles el desahucio».

La vivienda en la que residía esta familia pertenece a Catella, un fondo sueco que el año pasado compró 500 viviendas protegidas en la capital alavesa.

Kaleratzeak Stop ha acusado a Catella de actuar de forma «vergonzosa», al aprovecharse del «desvalimiento» de la familia afectada y no tener «el más mínimo escrúpulo en echar a la calle» a unas personas vulnerables.

Catella demandó en mayo a Chaymae, alegando que adeudaba 2.955 euros, aunque en el acto del juicio declaró que la deuda era de 767 euros, según ha denunciado la plataforma antidesahucios.

Sentencia contraria a la desahuciada

Kaleratzeak Stop afirma que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 4 indicó, en la sentencia de desahucio, que el esfuerzo que había hecho Chaymae para pagar su deuda y quedarse en la vivienda «acreditaba que no era vulnerable».

No obstante, este colectivo ha subrayado que esta mujer, en el momento en el que quedó como única titular del contrato de alquiler de la vivienda tras su separación en 2018, solo tenía unos ingresos mensuales de 860 euros, en concepto de Renta de Garantía de Ingresos, y de 200 euros, a través de la pensión para la manutención de sus hijos.

La asociación denuncia que tanto esta magistrada como el Servicio de Ejecución de los Juzgados de Gasteiz «han vulnerado »el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre el que han insistido que «prohíbe el desahucio de personas vulnerables sin previa alternativa habitacional», así como los derechos de los menores de edad.

La plataforma antidesahucios ha explicado que, desde su desalojo, esta familia permanece en una pensión, una alternativa que consideran »a todas luces inadecuada» para la mujer y para sus tres hijos menores de edad.