En una contundente nota hecha pública, el sindicato LAB ha atribuido la muerte ayer de un joven de nacionalidad marroquí residente en un piso de titularidad del Gobierno de Lakua a «los escasos servicios sociales» y «el racismo institucional», al tiempo que ha mostrado su apoyo «a las y los trabajadores y a su labor contra el racismo y la exclusión social».

El sindicato recuerda que, «dado que el sistema hace imposible regularizar la situación administrativa de las personas de orígenes diversos», el fallecido formaba parte de un colectivo que afronta «una situación compleja y doble, ya que sufren una vulneración de derechos fundamentales, y siendo menores de edad se agrava su situación de desprotección».

Pone el acento en que aunque mientras estén dentro de la red de servicios sociales lleguen a recibir protección, «al cumplir los 18 años se encontrarán de un día para otro en la calle. ¿Qué función cumplen los servicios sociales de base si después el sistema les devuelve a la situación de desamparo?».

LAB se queja de que, a raíz de este suceso, «hemos vuelto a ver a autoridades y medios de comunicación desviar el foco de atención del núcleo del problema» y que es, a su juicio, «la insuficiencia de los servicios que se ofrecen ante la desprotección. La situación de incertidumbre no sólo continúa tras la finalización de la tutela, sino que se agudiza».

El sindicato considera que la muerte de este joven «se debe a que también se les deniega el derecho al empadronamiento. Se debe a que, en lugar de apostar por las políticas sociales y de inclusión y ofrecer nuevas oportunidades, los servicios han sido diseñados como una red interminable que cronifica y oculta las desigualdades sociales. Y en consecuencia, se ha producido por la falta de recursos en estos servicios, que es enorme».

En este sentido, LAB recuerda «la sobrecarga que sufren las y los trabajadores y las precarias condiciones laborales, que hacen que, en su función, no puedan garantizar los derechos sociales que deben garantizar. Esta muerte se debe a que se esté haciendo negocio con la privatización de los servicios públicos».

Por estos motivos le parece «absolutamente vergonzosa la exhibición por parte de Beatriz Artolazabal, consejera de Políticas Sociales. Las palabras vacías de quienes están promoviendo la subcontratación y la privatización no van a calmar la situación de emergencia social que se ha extendido. Queremos acciones».

«Ante todas estas carencias institucionales para garantizar una vida digna», la central sindical exige que se acabe con «las políticas migratorias asesinas; es necesario derogar la ley de extranjería y llevar a cabo la regularización de todas las personas».

A las administraciones vascas les recuerda que «tienen la responsabilidad de desarrollar con urgencia políticas de acogida eficaces para garantizar la inclusión. Para ello, es imprescindible reivindicar el sistema público, de calidad, gratuito y universal de servicios sociales».

Al mismo tiempo, muestra su apoyo a las trabajadoras que «en su lugar de trabajo luchan día tras día por la defensa de los derechos de todas las personas, que hacen el acompañamiento en las situaciones sociales más difíciles».

Concluye señalando que tiene el compromiso de «seguir trabajando con solidaridad con todas las personas jóvenes que sufren en su propio cuerpo la opresión de este sistema capitalista, racista y neocolonial, para acabar con toda situación de discriminación y exclusión».