La destrucción del último silo de aceite desnaturalizado 39 años después de que se declarase la intoxicación masiva en el Estado español, en la primavera de 1981, llegó, obviamente, tarde para la plataforma de afectados Seguimos Viviendo, que en estos años no ha dejado de luchar por salir del olvido y conseguir «reparación moral, homenaje de dignidad y respeto como acto de Estado a víctimas, fallecidos, familias y profesionales».

Esta tragedia también dejó víctimas en Euskal Herria, aunque no fueron muchas comparadas con el desastre humanitario en el Estado. Se conocen algunas decenas en Bizkaia.

La coordinadora de la plataforma de víctimias, Carmen Cortés, vivió en primera persona y con 15 años los estragos de una intoxicación que derivó en una enfermedad degenerativa crónica, de futuro incierto y única en el mundo.

Según la plataforma, las cifras de muertos llega a 5.000 y la de afectados en todo el Estado asciende a 20.000, la mayoría en la Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León, en el circuito de venta del aceite fraudulento.

Estas cifras distan de las que facilita el Instituto Nacional de la Seguridad Social y según el último dato, el número de afectados es de 12.881, si bien los datos del INSS se refieren a víctimas que están cobrando una prestación por síndrome tóxico.

De esos 12.881, las autonomías que más suman son Madrid (8.698), Castilla y León (2.771) y Castilla-La Mancha (603). Por edades, el 41% tiene más de 65 años.

«Nos pagaron y nos quitaron de en medio»

Cortés es consciente de la delgada línea que separa la muerte por síndrome tóxico o una patología asociada y se pregunta si el fallecimiento por hipertensión pulmonar, una de las afecciones más graves, el Estado lo va a contabilizar como víctima de la colza.

Esta coordinadora reprocha a la Administración que no hiciera nada en décadas por destruir los últimos residuos almacenados en Alcorcón y que esperasen a la denuncia ante la Audiencia Nacional, que dictaminó en 2017 y Madrid ejecutó tres años más tarde.

La plataforma también lleva años pidiendo una unidad de referencia de asistencia integral que, pese a las buenas palabras, nunca llega a constituirse y la inclusión de la parte del colectivo que jamás pudo desarrollar una vida laboral, como perceptores de una incapacidad reconocida, al menos, con el doble del salario mínimo interprofesional.

Para Cortés, esta es «una historia sin fin», y las «malditas indemnizaciones» se volvieron en su contra y tuvieron que devolver el 25% de las ayudas, incluso algunos se quedaron como deudores del Estado.

«Nos pagaron y nos quitaron de en medio», dice esta víctima que asegura que no dejarán de luchar porque les «destrozaron la vida» y no son «visibles en ningún sitio».

En zonas humildes

En la primavera de 1981, Juan Casado era médico adjunto en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Niño Jesús (Madrid).

En unos días, las consultas de urgencias se saturaron y empezaron a ingresar cientos de niños aparentemente sanos con un cuadro de infección respiratoria que debutaba con fiebre, sarpullido, picor, dolor de cabeza, dificultad respiratoria y tos.

Fue un caos, dice en una entrevista con Efe, algo similar al colapso de la pandemia de coronavirus. El Ministerio de Sanidad hizo una recomendación para que se tratara a los pacientes con antibióticos y se utilizaran medidas de seguridad para evitar contagios.

Casado, no convencido con el diagnóstico, apostó por investigar y creó un grupo de jovencísimos médicos que durante cuatro semanas estuvo día y noche analizando la clínica de los pacientes.

Los niños tenían muchos glóbulos blancos de un tipo que se llama eosinofilia, que crecen en situación de toxicidad y alergia pero no respondían al antibiótico ni a los antihistamínicos. Se confirmaba la idea de que no era una enfermedad infecciosa ni alérgica; algunos se curaban, regresaban a casa y volvían enfermos. Así que el equipo empezó a buscar otras causas.

Los afectados procedían de barrios periféricos de zonas humildes, no había casos en zonas ricas de Madrid, así que el equipo médico se dio cuenta de que se trataba de un tóxico común, que no estaba en el aire ni en el agua, sino en un alimento.

Casado observó que los bebés menores de 6 meses no enfermaban aunque lo hiciera su familia, así que tenía que tratarse de un alimento no apto para los pequeños y pensó en las conservas.

De ahí se pasó a una encuesta entre ingresados y niños que iban a consulta y poco a poco se llegó a la conclusión que lo que compartían era un tipo de aceite que se vendía en mercadillos en garrafas de cinco litros.