Distintas organizaciones sociales han pedido este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue y juzgue al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por crímenes de lesa humanidad durante las masivas manifestaciones de 2019, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.

Concretamente, señalan que los actos que denuncian fueron «ejecutados en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento», lo que los hace, por tanto, «constitutivos de crímenes de lesa humanidad».

El recurso, que también señala a los colaboradores civiles y militares de Piñera, ha sido enviado a La Haya por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED) y el exjuez español Baltasar Garzón.

Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo y más derechos sociales, que forzó incluso una reforma constitucional actualmente en curso.

Las revueltas dejaron episodios de violencia extrema con incendios, saqueos y destrucción de mobiliario público que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas, además de actuaciones brutales de las fuerzas de seguridad que motivaron la denuncia de distintos organismos como la ONU y Amnistía Internacional (AI) por violaciones a los derechos humanos.

El cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público ha sido uno de los motivos que ha impulsado esta demanda ante la CPI.

Investigaciones, tarde y sin imparcialidad

Según los denunciantes, los crímenes cometidos durante el denominado estallido social son fraudulentamente calificados en Chile como delitos comunes «con el deliberado propósito, en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la CPI y, en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad».

La investigación de los abusos, agrega el texto, ha sufrido «demoras injustificadas» y las actuaciones tanto del Ministerio Público como del Órgano Judicial «no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de igualdad ante la ley».

Aparte de los fallecidos, los casos más polémicos protagonizados por agentes durante la ola de protestas fueron los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, que se quedaron completamente ciegos tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en su rostro.

«El elevado número de víctimas y el impacto que estas violaciones tienen en la población chilena y en la opinión pública internacional son de una gravedad tal, que se hace necesario abrir investigaciones por parte de la Corte», insisten los denunciantes.

Piñera, un multimillonario empresario que accedió a la presidencia de Chile en marzo de 2018 para un segundo periodo no consecutivo, ha negado reiteradamente que existiese una política sistemática y deliberada para reprimir las marchas y en los primeros meses del estallido social se refirió a los abusos policiales como «casos aislados».

Distintas voces del Gobierno han reconocido en este tiempo que las fuerzas policiales cometieron violaciones de derechos humanos en las manifestaciones.

El mandatario conservador sí se comprometió, sin embargo, a reformar el cuerpo policial de Carabineros, el más señalado durante las marchas y cuyo director general dimitió tras varios incidentes, y al menos dos de sus ministros de Interior fueron suspendidos por el Parlamento.