Tras la sentencia de la Audiencia Nacional española que anula el proyecto de embalse de Mularroya por cuestiones medioambientales, la asociación Río Aragón considera que la decisión judicial debe tener como consecuencia detener las obras de recrecimiento en Esa y descartar el llenado del embalse recrecido.

En este sentido, recuerda que también la sentencia que anuló el pantano de Biscarrués toma como base la directiva europea del agua y lamenta que «han tenido que pasar más de veinte años para que su transposición a la legislación española vaya tomando cuerpo de forma efectiva».

«No tenemos ninguna duda de que si el juicio sobre el recrecimiento de Yesa, que se sustanció en 2005, se hubiera celebrado años más tarde, la degradación medioambiental del río Aragón que conlleva se hubiera considerado igual de ilegal y dicha obra hubiera sido anulada», destaca.

Pese a todo, critica al Gobierno de Aragón por no aceptar la legalidad y tratar de seguir adelante con las obras de Mularroya pese a la sentencia judicial. «Desgraciadamente es una estrategia ya usada en su momento en Itoiz que pervierte el verdadero sentido de la Justicia, deja indefensos a ciudadanos que se pelean con su dinero en un terreno que les viene impuesto con muchas adversidades y hace prevalecer el capricho y beneficios de unos pocos interesados e influyentes. Algo muy poco democrático y que atenta contra el verdadero interés general», denuncia.

«Queremos hacer público que pasados más de veinte años desde la adjudicación del recrecimiento de Yesa las obras siguen en marcha, con un presupuesto multiplicado por cuatro, con mayores problemas de inseguridad que nunca y con una destrucción medioambiental en ciernes tan impactante o más que en Biscarrués o Mularroya. Es por ello, que nuestra asociación ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para, más pronto que tarde, volver a llevar el recrecimiento de Yesa a los tribunales y paralizar su dañino y muy peligroso llenado», anuncia.

«Los impulsores de esta obra aún están a tiempo de parar el derroche de millones de fondos públicos tan necesarios en otros muchos ámbitos. Que luego no nos vengan con el argumento de lo mucho gastado que, ya en 2017, el Tribunal de Cuentas cifró en al menos 253,5 millones de euros», advierte.