La exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat Meritxell Serret, exiliada en Bélgica durante más de tres años, ha reconocido este viernes en su declaración ante el instructor de la causa, Pablo Llarena, que pese a que recibió las advertencias del Tribunal Constitucional decidió seguir adelante con el procés por ser «un mandato popular», si bien ha defendido que su departamento no destinó ningún pago para el 1-O.

En una comparecencia que ha empezado a las 10.30, Pablo Llarena le ha comunicado su procesamiento por los delitos de malversación y desobediencia tras ponerse a disposición del alto tribunal el pasado 11 de marzo.

En declaraciones a los medios, la exconsellera de Agricultura ha calificado su declaración como un «paso consecuente» tras su comparecencia del pasado marzo y tras ser informada de los delitos que le imputan ha expuesto cuál fue su papel en los hechos admitiendo la desobediencia pero negando la malversación.

«He reconocido haber recibido los requerimientos del TC y he asumido los acuerdos de Gobierno que realizamos siguiendo el mandato popular de esa mayoría parlamentaria de impulsar el referéndum», ha señalado la exconsellera, si bien desde su departamento «nunca se incurrió en ningún gasto que pudiera ser considerado delito».

Serret ha permanecido algo más de una hora declarando ante el juez Llarena, un representante de la Fiscalía y la abogada de Vox Marta Castro, que ejerce la acusación popular en esta causa, y después ha salido de la sede del alto tribunal sin que ninguna de las partes haya pedido para ella ninguna medida cautelar.

Ya en clave política, Serret ha dicho que como diputada de la actual Cámara catalana continuará trabajando «por una solución política para este conflicto político» que, según ella, ha derivado en un «causa general contra el independentismo».

A su llegada al Tribunal Constitucional, Serret ha estado arropada por una delegación de representantes de ERC encabezada por el vicepresident y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonés; así como diputados en Madrid de Junts, la CUP y EH Bildu.

Exilio y regreso

Serret es una de los cinco miembros del Govern de Carles Puigdemont que se exilió tras la declaración unilateral de la independencia (DUI) en octubre de 2017 junto al propio president y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig.

No obstante, era la única de los cinco políticos refugiados en Bélgica sobre la que no pesaba una orden europea de detención y entrega porque la sentencia del procés dictada el 14 de octubre de 2019 despejó su horizonte procesal y la situó en una situación menos gravosa, hasta el punto de librarse previsiblemente de la prisión.

Serret regresó desde Bruselas para ser diputada por ERC en el Parlament de Catalunya tras los últimos comicios y compareció en el alto tribunal el pasado 11 de marzo acompañada del abogado vasco Iñigo Iruin.

La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años. Por el momento el juez mantiene su imputación por ambos delitos.