Han sido casi treinta jornadas en las que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las cuatro acusaciones populares se han afanado en demostrar la veracidad de los apuntes del extesorero del PP en referencia a la reforma con dinero B de la sede y a la compra de una serie de acciones de Libertad Digital.

Lo han hecho frente a la oposición de las defensas, incluido el abogado del PP, que figura en la causa como responsable civil subsidiario, quien como el resto ha restado toda credibilidad a esa supuesta contabilidad que únicamente atribuyen a Bárcenas y que ha calificado de «cortina de humo» con la que ocultar el origen de su fortuna en Suiza cuando se supo que llegó a acumular 48 millones de euros.

Bárcenas, en prisión por el caso Gürtel, ha reconocido por su parte esos pagos en B y otros en forma de sobresueldos a exdirigentes del PP, que también han formado parte de este juicio, en el que dos expresidentes del Gobierno –José María Aznar y Mariano Rajoy–, varios exministros y cuatro ex secretarios generales del PP han testificado y han negado haber recibido dinero negro.

El extestorero ha justificado en todo momento su decisión de cooperar con la Justicia en la culpa que siente por la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias, condenada también por Gürtel.

La Fiscalía ha dado credibilidad a algunos de esos apuntes y ha considerado acreditado el pago en negro de la reforma de la sede, por el que pide cinco años de prisión para Bárcenas, año y medio para el exgerente del PP Cristóbal Páez; y dos años y medio para los dos socios de la empresa Unifica que hizo las obras, Gonzalo Urquijo y Belén García.

La quinta acusada, la empleada de Unifica Laura Montero, a la que no acusaba el fiscal, ha quedado fuera del procedimiento al desistir las acusaciones populares seguir dirigiéndose contra ella.