El vertedero de Zaldibar colapsó el 6 de febrero de 2020 pero manifestaba ya serios problemas de seguridad desde cuatro años antes, según refieren los dos informes distintos llegados al Juzgado de Durango y a los que ha tenido acceso GARA por fuentes judiciales. Los peritajes apuntalan la tesis del descontrol en la instalación, dentro de una política pública que en la CAV desde hace dos décadas deja las garantías de seguridad en manos de las empresas, con controles más laxos.

Los dos informes obedecen a un mismo encargo del Departamento de Medio Ambiente de Lakua, hecho en abril del año pasado, y han llegado al Juzgado recientemente, casi a la vez que el anuncio ayer de la suspensión definitiva de la búsqueda de Joaquín Beltrán ante la falta de resultados.

En ambos trabajos, encargados para determinar las «causas de rotura», aparece una misma fecha de referencia: 2016. El firmado por Eduardo Alonso y Mercedes Sondon, de la Universidad Politécnica de Barcelona, expone que la escombrera únicamente se mantuvo estable cuatro años más por el dique de contención de 18 metros en el arranque del vertedero («pequeño comparado con la altura que alcanzó en el momento de la rotura», que fue de 127 metros), además de por el «efecto tridimensional de la vaguada» y otros factores.

«Todas estas contribuciones a la estabilidad no fueron suficientes para evitar la rotura. El Factor de Seguridad (FS) del vertedero disminuyó constantemente desde el inicio de las operaciones de vertido hasta alcanzar el punto crítico (FS=1) a comienzos de 2020», indica.

El otro estudio, firmado por los expertos de la Universidad de Cantabria Jorge Cañizal y César Sagaseta, certifica que el FS «desde 2016 en adelante es inferior a 1,2 e incluso a 1,1 a lo largo de los años 2018 y 2019». E indica que «la velocidad de movimiento observada parece indicar durante todo el periodo de medidas [2014-2020] una seguridad precaria con valores de FS bajos, inferiores a 1,2». ¿Nada de ello fue advertido o simplemente no se comunicó? Es un interrogante que lógicamente no corresponde a los geólogos e ingenieros, sino que deberían despejar los tribunales.

Pocos hitos y mediciones

En este último informe se recoge además la insuficiencia de elementos de control, tanto en número como en periodicidad. «Hasta 2019, el número de hitos ha sido escaso y concentrado solo en el nivel inferior. Solo desde el año 2019 hay hitos en la zona media del vertedero, los últimos colocados en el mes de diciembre. La frecuencia de lecturas también ha sido escasa, con un máximo de 17 lecturas a lo largo de 64 meses, en los hitos 1 a 5. En el resto el número de lecturas fue bastante menor».

Se da la circunstancia añadida de que a partir de 2016 se incrementó notablemente la explotación del vertedero, algo que refiere este estudio de la Universidad de Cantabria: «La altura del vertedero experimenta mayores variaciones anuales en los tres últimos años de explotación (2017 a 2019) que los anteriores, coincidiendo lógicamente con el incremento de peso de residuos recibidos. El año 2018 es el de mayor recrecimiento de altura experimentado».

En su comparecencia en el Parlamento, el entonces consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola (hoy lo es de Planificación Territorial), argumentó que la determinación del ritmo de llenado era competencia exclusiva de la empresa. Y situó los problemas de estabilidad advertidos muy pocos días antes de la catástrofe (hubo una reunión no bien explicada sobre el tema el 21 de enero), por lo que no habría habido tiempo de atajarlos.

El «agujero» y el brutal desplome

Los informes permiten concluir que el desastre medioambiental y humano hubiera sido evitable con controles efectivos, independientemente de que la causa final fuera la acreditada técnicamente de reducción de la fricción en la base del vertedero por efecto de la sobreexplotación.

Apuntan también, no obstante, a defectos de construcción. Así, se expone que el proyecto modificado en 2009, aprobado obviamente por el Gobierno de Lakua, sustituyó «el gran espaldón de contención» contemplado en el original de 2004 por «un dique de dimensiones reducidas (18 metros de altura) si se compara con ese espaldón». Esto se incluye en el informe catalán.

El de Cantabria hace otro apunte interesante respecto a la tipología de los residuos: «Los materiales más abundantes corresponden a tierras y suelos contaminados, seguidos de escorias de acero y fundición y de rechazo de plantas de valoración, alcanzando en conjunto dos tercios del global de vertidos».

Ello coincide con el calificativo de «el agujero» con que Zaldibar era conocido en el sector, puesto que allí se arrojaba «de todo». Y sin embargo, en la última inspección de Lakua se tomó como irregularidad menor la «existencia de residuos peligrosos no contemplados en la Autorización Ambiental Integrada», según reconoció Arriola. No hubo apertura de expediente sancionador hasta la catástrofe.

Expuestas las causas, el informe de la Universidad de Barcelona es contundente sobre el efecto de la rotura final del vertedero: «Se ha estimado que la velocidad media del movimiento fue del 3-4 metros por segundo, con un pico probable de 6-8 metros por segundo. Esta velocidad corresponde a un deslizamiento muy rápido y destructivo. Su alta energía cinética le permitió rebasar con facilidad el dique inferior de cierre y explica, en parte, las dos coladas de residuos que se originaron en dirección Norte y Oeste». A tenor de lo enunciado ayer por Josu Erkoreka y Arantxa Tapia, da una pista también de por qué no han sido encontrados los restos de Joaquín Beltrán.