La Fiscalía pide 7 años y 8 meses de cárcel para el primer manifestante que llega a juicio por las protestas contra la sentencia del procés en octubre de 2019, a quien acusa de lanzar cascotes contra la sede de la Policía española en la Via Laietana de Barcelona, con el rostro encapuchado. La defensa pide su absolución.

La Audiencia de Barcelona ha juzgado este lunes a Mikel G.B., detenido durante los disturbios de las noches posteriores a la publicación de la sentencia del procés, a quien acusan de un delito de atentado a la autoridad y desórdenes públicos con «la agravante de disfraz». Se trata del primer juicio a un manifestante acusado por los incidentes ocurridos en las manifestaciones contra aquella sentencia, exceptuando los que se han celebrado en la jurisdicción de menores, que no acarrean penas de internamiento.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 2.20 del 16 de octubre de 2019, cuando tres agentes de paisano de la Guardia Urbana detuvieron al acusado cerca del Palau de la Música tras presuntamente haberle observado realizar lanzamientos de objetos contra la línea policial.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado y cuatro de sus compañeros, todos ellos con el rostro cubierto por capuchas y pañuelos, lanzaron cascotes de piedra a los agentes de la Policía española que custodiaban la Jefatura de Via Laietana, pero sin que llegaran a impactarles.

En concreto, al hoy juzgado se le atribuye el lanzamiento de dos cascotes, tal y como han corroborado los dos testigos de la Guardia Urbana que aquella noche participaron en su detención, aunque más tarde fue puesto en libertad al no poderse «constatar los impactos de las piedras».

«Pena desorbitada»

El acusado ha negado haber realizado ningún lanzamiento y ha asegurado que cuando fue detenido se había agachado «para atarse los cordones», pero que los policías de paisano «pensaron que lanzaba cascotes y botellas».

El joven ha declarado ante el juez que aquella noche había quedado para cenar con unos amigos, pero que «se les hizo tarde» y fue entonces cuando se encontraron con las protestas de Via Laietana, de las que ha destacado el carácter «festivo y pacífico», de manera que su presencia en la calle era ajena a la manifestación.

La abogada defensora, Montse Andrés, ha declarado ante la prensa después del juicio que «se está pidiendo una pena desorbitada», puesto que «no hay acusación particular ni nadie personado y en ningún momento los lanzamientos que se le imputan llegaron a impactar. No hay lesiones ni responsabilidad civil», ha añadido, recordando que ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona se han presentado como acusación.