El Tribunal Constitucional ha declarado «constitucional» la Ley Foral 16/2019 de Atención a Víctimas de Abusos Policiales tras rechazar los recursos del PP y Vox. Así lo ha hecho saber Unai Hualde, presidente de la Cámara navarra.

La norma, aprobada en marzo de 2019 tras la anulación de la primera versión de 2015, busca promover el reconocimiento y reparación de las víctimas de la acción violenta de funcionarios públicos o grupos de extrema derecha, regulando los mecanismos para su consideración como damnificado o beneficiario «de los correspondientes derechos de reparación integral».

El Tribunal desestima el grueso del recurso de PP y VOX declarando la constitucionalidad de la Ley y la interpretación de 4 artículos

— Unai Hualde (@UnaiHualde) May 18, 2021

Con el fin de restaurar las «vulneraciones de derechos humanos» acaecidas en un contexto de «violencia de motivación política», se instaura un procedimiento administrativo con el que se pretende «corregir el vacío legislativo que se cierne sobre estas víctimas».

Para otorgar el reconocimiento de víctima se creará una Comisión de Reconocimiento y Reparación, que será la encargada de resolver en el plazo de un año los expedientes incoados. Todas las personas y entidades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Comisión estarán obligadas a colaborar en la forma que se determine.

Esta comisión de valoración ya fue objeto de litigio en la CAV, donde su ley de violencia estatal también fue llevada al Constitucional y finalmente validada, al menos de forma parcial. En este momento está en desarrollo la relativa al periodo 1978-99 y se han presentado ya un millar de solicitudes de reconocimiento de casos, aunque hay plazo hasta diciembre.

En declaraciones a Efe la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha afirmado que «en su grueso evidentemente el TC avala la ley. Sentimos desde luego una gran satisfacción sobre todo porque va a permitir avanzar en los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del contexto victimológico de otras violencias».

Una de las primeras consecuencias de la puesta en marcha de la ley será la creación de una Comisión -un paso paralizado «por cautela y seguridad jurídica» aunque la ley no estaba suspendida al haber sido recurrida por grupos políticos y no por el Estado- que será la encargada de definir quiénes son estas víctimas concretas, a solicitud de las mismas.

Reconocimiento y/o judicialización

El PP recurrió la ley navarra afirmando que «confunde víctimas con verdugos e intenta cambiar el relato en la lucha contra el terrorismo» y «supone una invasión de la competencia exclusiva del Poder Judicial para la investigación de hechos delictivo». Un argumento al que se sumó Vox definiéndolo como un «instrumento de un relato tergiversado, que heredarán las generaciones futuras, si no se pone remedio».

Por su parte, el Gobierno de Nafarroa señaló en sus alegaciones que el procedimiento administrativo que se establece para la reparación de las víctimas «no conlleva el enjuiciamiento de hechos delictivos y se dirige exclusivamente al otorgamiento del reconocimiento de las víctimas y a la reparación de los daños sufridos por las mismas».

El Tribunal Constitucional señala en su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que «el alcance» de la comisión de valoración «no va más allá de reservar en exclusiva a la comisión determinadas funciones propias del procedimiento administrativo de reconocimiento y reparación regulado en la ley foral», es decir «proponer, de forma motivada la inadmisión a trámite de la solicitudes así como analizar las solicitudes administrativas y acordar, motivadamente, la propuesta de declaración de la condición de víctima o de denegación de la solicitud presentada».

Tampoco aprecia el Constitucional que la ley «implique una posible coincidencia de la actividad de la comisión con las actuaciones judiciales». Así, señala que la ley dispone que «en el caso de que la comisión estime que del contenido del expediente pudiera deducirse alguna actuación ilegal (se entiende en este caso de naturaleza penal), lo comunicará a los órganos judiciales».

«Pues bien, esta comunicación, en la medida en que comporta la apertura de la vía judicial, no puede sino determinar la suspensión del procedimiento hasta que aquella se haya agotado, pues así se ordena por el artículo 10.5 de la propia ley», añade.

Así, el TC expone que «la regulación impugnada, pues, no resulta comparable a la examinada en la sentencia del 2018, en la que el tribunal apreció que la comisión creada entonces por el legislador foral ostentaba la potestad de investigar y apreciar en plenitud por sí misma, al margen del Poder Judicial y sin vocación alguna a la institución del proceso, hechos en apariencia delictivos».

También señala el TC que la ley prevé «la exclusión de la finalidad punitiva y establece la garantía de los deberes de abstención, concurrencia y sujeción a los procedimientos judiciales y no serán en ningún caso vulneradas o afectadas las garantías judiciales y constitucionales de terceras personas -esto es, distintas de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos a las que se refiere el artículo 2 de la ley-».

Egiari Zor: «Muy positiva»

La fundación Egiari Zor, que reúne a víctimas de esta violencia estatal, ha calificado de «muy positiva» esta decisión, pese a poner diversos matices. Y sobre todo, como ha hecho en la CAV, ha alentado a las víctimas a solicitar su reconocimiento oficial.

«Esta ley tiene como objetivo reconocer a personas asesinadas, torturadas o gravemente heridas en Navarra por distintas violencias de las que se ha valido el Estado, y la tramitación de la misma ha sido compleja, pues diversos partidos políticos de ámbito estatal, sindicatos policiales e instancias judiciales han tratado de entorpecer su puesta en marcha –recuerda–. Han sido, precisamente, aquellos que todavía niegan la verdad de lo sucedido en el conflicto de Euskal Herria, aquellos que aún no han asumido su responsabilidad por haber generado dolor y haber vulnerado derechos humanos, los que se han situado como contrarios activos a la Ley».

En consecuencia, Egiari Zor explica que «valoramos muy positivamente esta decisión que hará posible la puesta en marcha de la ley, pues consideramos que esta contribuye a la construcción de la convivencia, haciendo posible el reconocimiento de forma oficial y pública de muchas víctimas y muchas vulneraciones de derechos humanos cometidas por el Estado».

«Al mismo tiempo –matiza–, somos conscientes de que esta ley no logrará acabar del todo con la discriminación que las víctimas del Estado sufrimos y que tendremos que continuar trabajando para que las casuísticas que no tengan cabida sean reconocidas en el futuro. Porque todas las vulneraciones de derechos humanos deben tener su lugar en el mapa de la memoria, para que podamos continuar construyendo juntas la convivencia del futuro».

Hecha esta salvedad, desde Egiari Zor «queremos hacer un llamamiento a todas las víctimas para que, una vez se diluciden los plazos y vías para presentar las solicitudes, así lo hagan. Para ello, mostramos nuestra plena disposición a ayudar con los trámites a toda persona que así lo requiera. Creemos que es de vital importancia seguir recorriendo la senda hacia el pleno reconocimiento, seguir valiéndonos de todos los instrumentos a nuestro alcance para sacar a la luz todas y cada una de las consecuencias de la violencia del Estado en nuestro pueblo, que hasta hace bien poco eran negadas y no formaban parte de los censos oficiales. Hemos de dar a conocer toda la verdad en torno a la tragedia generada también por el Estado en el contexto del conflicto político de Euskal Herria, hasta lograr que ninguna persona víctima de vulneración de derechos humanos quede en desamparo».

El Foro Social Permanente también se declara satisfecho. «A nuestro entender, además de blindarse definitivamente la ley aprobada por el Parlamento de Navarra, la noticia conocida hoy supone un paso importante hacia el necesario derecho de estas víctimas navarras a la verdad, la justicia y la reparación. Con su puesta en práctica se superaría la situación de discriminación que estas personas sufren actualmente y, del mismo modo, la revictimización que padecen en numerosas ocasiones».

«Este aval consolida el análisis que el Foro Social Permanente en Navarra ha puesto en valor hasta la fecha –añade–; esta legislatura reúne en Navarra las condiciones para avanzar en la construcción de la convivencia democrática. Corresponde ahora, eso sí, a todos los actores institucionales, políticos, sindicales y sociales la tarea de dar los pasos necesarios en este camino».

¿Censo de torturados?

Este aval a la ley podría reactivar también indirectamente un informe oficial sobre la tortura en Nafarroa que dio sus primeros pasos a la vez que se conocía el de la CAV pero fue bloqueado por un recurso estatal. Estaba encomendado al mismo equipo, liderado por Paco Etxeberria, que realizó el trabajo sellado por el Gobierno de Lakua.

Desde entonces personas torturadas en Nafarroa no han dejado de alertar de este vacío y demandar que se llene. En cualquier caso, en paralelo se han llevado adelante trabajos extraoficiales como el de Euskal Memoria, que hace dos años había censado ya 816 casos en el herrialde (en la CAV el número ofrecido en 2016 ascendía a 4.113).