La Diputación de Bizkaia no puede «de momento» impedir que las consultoras sancionadas en el expediente abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) participen en licitaciones, porque «no están sujetas a prohibición de contratación».

«Si hubiera una sentencia en aras a esa prohibición, la materializaríamos», ha indicado este miércoles la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Elixabete Etxanobe, durante el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia.

El tema se ha tratado en la Cámara foral a raíz de una pregunta formulada por EH Bildu, que se ha hecho eco de las «importantes multas a consultoras por prácticas fraudulentas» en procesos de contratación realizados por distintas administraciones públicas.

La CNMC ha impuesto sanciones por valor de 6,3 millones a 22 firmas por manipular licitaciones públicas durante el periodo que va de 2008 a 2018.

La juntera Arantza Urkaregi ha subrayado que, entre las empresas sancionadas, se encuentran algunas «con numerosos contratos» con la Diputación de Bizkaia, entre las que ha citado a Deloitte o PwC. Y ha propuesto que, entre otras, se adopten medidas para no contratar de nuevo con las empresas sancionadas.

El papel de las instituciones en el fraude

EH Bildu también ha llevado el tema al Parlamento de Gasteiz, donde este miércoles ha registrado varias iniciativas al respecto, entre las que se encuentran peticiones de comparecencias de responsables de la CNMC, de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) y del consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Lakua, Pedro Azpiazu.

El parlamentario Josu Estarrona ha subrayado la necesidad de aclarar, «si tal y como sostienen las empresas consultoras en declaraciones públicas y ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, han sido las propias entidades públicas licitantes las que pedían a la futura adjudicataria el nombre de dos empresas a invitar, incluyendo en ocasiones el importe máximo de licitación o la preparación de los pliegos de licitación».

Ha alertado de que, en el caso de confirmarse tal extremo, sería «un escándalo mayúsculo», al tratarse, ya no solo de un caso de «prácticas fraudulentas» de las empresas sancionadas, sino de «la complicidad y connivencia de determinadas instituciones vascas, con el consiguiente perjuicio a las arcas públicas».

Además, ha solicitado una copia de la denuncia «que supuestamente dio pie a la investigación según la versión de la AVC», un extremo que la CNMC «niega», ya que esta sostiene que la investigación «se abrió de oficio».

«Es una cuestión importante, ya que si hubo denuncia, como dice la AVC, podría dar argumentos legales a las consultoras para recurrir y podría suponer un varapalo importante para la investigación y futuras acciones judiciales», ha manifestado.

«La punta del iceberg»

Elkarrekin Podemos-IU también ha denunciado la «posible connivencia» del Gobierno de Iñigo Urkullu con las consultoras multadas por la CNMC y ha pedido que la investigación se amplíe hasta la actualidad.

El parlamentario Iñigo Martínez ha opinado que los casos que han salido a la luz son «la punta del iceberg» de un modelo de gestión pública «impulsado durante décadas» por el PNV. «Es una enfermedad crónica que sufren nuestras administraciones públicas», ha lamentado.

Como ha remarcado, este tipo de prácticas «solo se pueden hacer con la connivencia de los altos cargos» de las instituciones.

Ha explicado que en el portal de empleo de la CAV se recogen 765 contratos públicos entre 2011 y 2021, de los que el 60% son licitaciones a las que ha concurrido una sola empresa y 425 son «contratos menores otorgados a dedo y similares a los investigados».

El próximo viernes, Elkarrekin Podemos preguntará al lehendakari por esta cuestión en el pleno de control.

Más de 200 contratos en el Estado

Por su parte, el parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo ha anunciado que su grupo ha registrado varias preguntas dirigidas al Departamento de Economía y Hacienda, «como responsable de que haya libre competencia en Euskadi», para que informe sobre este caso que afecta a más de 200 contratos públicos de administraciones de distintas partes del Estado.

Ha destacado que «esta es la primera vez que una autoridad independiente como la CNMC ha sancionado a empresas y directivos», aunque su grupo «lleva mucho tiempo denunciando connivencias entre ciertas empresas, el Gobierno Vasco y las administraciones controladas por el PNV y su entorno».