En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos para debatir la reciente escalada del conflicto palestino-israelí, Bachelet ha explicado que esos ataques «siembran dudas sobre el cumplimiento israelí de los principios de distinción y proporcionalidad en la ley humanitaria internacional».
Si se demuestra que fueron indiscriminados y desproporcionados, «tales ataques podrían constituir crímenes de guerra», ha indicado la expresidenta chilena.
Estos ataques produjeron una destrucción a gran escala de instalaciones civiles, incluyendo viviendas, oficinas de organizaciones humanitarias, centros médicos y medios de comunicación, ha destacado. «Pese a que Israel defiende que muchos de esos edificios acogían grupos armados o eran utilizados con propósitos militares, no hemos visto evidencias en este sentido», indicó Bachelet.
La alta comisionada ha matizado, en alusión a Hamas, que «también es una violación de la ley internacional ubicar recursos militares en zonas civiles densamente pobladas, o atacar desde ellas», aunque ha recordado que «las acciones de una de las partes no eximen a la otra de sus obligaciones».
Bachelet también ha comparado la situación de los civiles en Israel y Palestina, señalando que mientras los primeros «disponen de la Cúpula de Hierro y fuerzas militares profesionales para defenderlos, los palestinos no tienen protección alguna ante ataques aéreos contra una de las zonas más densamente pobladas del mundo».
«No tienen lugar al que escapar debido al bloqueo por tierra, mar y aire implementado en los últimos 14 años», ha añadido la responsable de derechos humanos de Naciones Unidas.
«Una forma de castigo»
Por su parte, el relator de la ONU para los derechos humanos en el territorio palestino, Michael Lynk, ha añadido al respecto en la misma sesión del consejo que los palestinos de Gaza «viven en una situación desesperada» que Naciones Unidas ha calificado de «insostenible e invivible, una forma de castigo colectivo».
También ha denunciado que los desalojos de palestinos en Jerusalén Este, uno de los desencadenantes del reciente conflicto, forma parte del plan israelí de aumentar los asentamientos ilegales con el fin de establecer un reclamo ilegal de soberanía, pese a las repetidas peticiones de la ONU para detener esa práctica.
Bachelet ha dado, por su lado, la bienvenida al alto el fuego alcanzado entre palestinos e israelíes el 21 de mayo, aunque ha recalcado que «mientras los problemas de raíz de esta violencia no sean enfrentados, será cuestión de tiempo que una nueva oleada de enfrentamientos comience».
Precisamente, este mismo jueves, la ONU ha dado luz verde, en el marco de una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos, la creación de una comisión internacional con un amplio mandato para investigar las violaciones de los derechos humanos antes y durante esta última ofensiva.
La resolución ha recibido 24 votos a favor, 9 en contra y 14 países se han abstenido. Europa no ha tenido una posición única, con Alemania y Austria que han rechazado la resolución por considerar que estaba demasiado enfocada en culpabilizar a Israel y no cubría suficientemente las responsabilidades de Hamas, que disparó más de 4.000 cohetes contra Israel en los once días que duró la escalada, mientras que el Estado francés ha optado por abstenerse.
Bachelet ha recordado que los israelíes están protegidos por un sistema de interceptación y desvío de cohetes conocido como ‘Cúpula de Hierro’ y una de las mejores fuerzas armadas del planeta, mientras los civiles palestinos carecen de cualquier defensa.
Irlanda denuncia la anexión de Cisjordania
Entretanto, Irlanda se ha convertido en el primer Estado miembro de la Unión Europea (UE) en denunciar la anexión 'de facto'" en Cisjordania por parte de Israel a través de la construcción de asentamientos, después de que la cámara baja del Parlamento haya aprobado una moción presentada a tal fin por el Sinn Féin.
El Dáil ha rechazado sin embargo la propuesta para expulsar al embajador israelí en Dublín e imponer sanciones contra Israel, que ha rechazado de plano la votación, que ha descrito como fundamentada en una «política flagrantemente sesgada y simplista».
Enfado israelí
En respuesta a la decisión irlandesa, el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Lior Haiat, ha destacado que Israel «rechaza firmemente la indignante e infundada posición de Irlanda sobre las comunidades israelíes en Judea y Samaria –nombre dado por los judíos a Cisjordania–», a través de su cuenta de Twitter.
Asimismo, ha argumentado que la «llega después de los inaceptables mensajes antiisraelíes escuchados en Irlanda en un momento en el que los ciudadanos de Israel estaban siendo objetivo de ataques terroristas con más de 4.000 cohetes lanzados desde la Franja de Gaza por la organización terrorista Hamás».
Aplauso del Consejo Nacional Palestino
Por su parte, el Consejo Nacional Palestino ha aplaudido la decisión de Dublín y ha resaltado que se trata de «una victoria del Derecho Internacional, los Derechos Humanos y la resoluciones de Naciones Unidas».
Así, ha pedido al Parlamento Europeo y a otras organizaciones equivalentes a nivel mundial que aprueben mociones similares para denunciar «las violaciones y los crímenes de la ocupación», en particular la política de asentamientos, expulsiones y demoliciones de viviendas de la población palestina.
La ONU solicita 95 millones de dólares para la reconstrucción
Por otra parte, la coordinadora humanitaria de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Lynn Hastings, ha hecho este jueves un llamado internacional para recaudar 95 millones de dólares con el objetivo de reconstruir las infraestructuras dañadas en Gaza por el Ejército israelí.
Hastings, que ha ofrecido una rueda de prensa virtual en la sede de Naciones Unidas conectándose desde Jerusalén, ha detallado que el plan se implementará en los próximos tres meses y que beneficiará a un millón de personas.