El lehendakari Iñigo Urkullu se ha mostrado partidario de mantener la prudencia y no señalar culpables ante la multa de de 6,3 millones de euros interpuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a 22 consultoras y a varios directivos por formar cárteles que manipularon licitaciones públicas durante al menos 10 años.

En el pleno de control celebrado este viernes en el Parlamento de Gasteiz y a pregunta de Elkarrekin Podemos-IU, el lehendakari ha recordado que no han sido solo las instituciones vascas las afectadas por la práctica de estas empresas y ha destacado que «no se ha acreditado indicio alguno de connivencia» de las administraciones con estas firmas. Ha añadido que pondrá todos esos contratos a disposición de la Cámara autonómica.

Según la CNMC, un grupo de empresas consultoras se pusieron de acuerdo para repartirse contratos de la administración por la fórmula de que una presentaba una oferta real y otras consultoras otras peores para que la licitación se la llevara la elegida en cada momento. Habían dividido el Estado de forma geográfica y la denuncia recoge que «en el caso del cártel de la red de colaboración norte se vieron afectadas al menos 101 licitaciones de, entre otros: los Ayuntamientos de Bilbao; Santander; Sestao; Barakaldo o Vitoria; diversos Departamentos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Cantabria; la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya».

Motivos de preocupación

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha mostrado su «preocupación» por que estas actuaciones ilegales de las empresas han encarecido licitaciones con sobrecostes para la administración. También ha señalado que en la documentación de la CNMC se recogen emails que «evidencian que había una relación de confianza impropia entre los gestores públicos y las empresas que han sido sancionadas». Y ha destacado que entre los directivos multados aparece gente muy cercana al PNV, como Sabin Azua, hermano del exvicepresidente Jon Azua.

El lehendakari ha insistido en que las castigadas han sido las empresas, no las instituciones, ahondando en que todas las licitaciones del Ejecutivo son fiscalizadas y que han colaborado abiertamente con la CNMC. Ha añadido que mantendrán una actitud de transparencia y buen gobierno para tratar de evitar cualquier tipo de irregularidad, y una actitud de máxima exigencia en el caso de que se detectara alguna.

En todo caso, Iñigo Urkullu ha querido expresamente «subrayar que el procedimiento de la CNMC no ha concluido, que ha remitido con su resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública y que cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por parte de las empresas citadas».

Por ello, ha dejado claro ante el Parlamento que «el Gobierno Vasco va a mantener una actitud de prudencia para no señalar culpables, cuando el procedimiento sigue abierto».