Decir que el indulto es una rutina en el Estado español no es ninguna exageración. Una rutina diaria, puesto que desde la muerte de Franco (que también indultó de vez en cuando) su número supera los 20.000, es decir, más de uno por día. Pero posiblemente en estos 45 años nunca haya habido un debate tan encendido al respecto como el que se abre ahora, con la opción de supresión del cumplimiento de pena (que no de la condena) a los líderes independentistas catalanes.

Entre quienes intentan recortar el margen de maniobra al Consejo de Ministros, encargado de decidir, está el Tribunal Supremo que en otras ocasiones no tuvo problema en «revocar» sus propios condenas y que ahora ha convertido el habitual trámite consultivo en un alegato político de 20 páginas. Y también hay fuego amigo, el del expresidente y exlíder del PSOE Felipe González, que aprobó nada menos que 5.944 indultos. Casi tantos como su sucesor del PP, José María Aznar, que se fue hasta los 5.948. En 2000, el año en que logró la mayoría absoluta, Aznar indultó 1.744 veces, casi cinco por día.

La difusión de estas cifras, recogidas por la fundación ciudadana Civio, han sorprendido en el Estado español por la habitualidad que reflejan. Pero en Euskal Herria habrán extrañado menos, porque ya era conocido que por ejemplo más de la mitad de los condenados por torturas han recibido indultos. Datos de Euskal Memoria de hace ya casi una década exponían que de 62 castigados 36 habían sido indultados. Si esos 36 obviamente son una minucia entre los 20.000 «perdones», se explica únicamente porque los casos de torturas condenados resultan ínfimos (según el informe oficial del equipo de Paco Etxeberria referido a la CAV, apenas 49 agentes condenados con sentencia firme entre más de 4.000 casos de tormentos).

Los indultos en estos casos, además, han tenido como continuación una rehabilitación total, cuando no un ascenso. Uno de esos indultados por torturas es Manuel Sánchez Corbí, a quien Madrid convirtió luego en jefe de la UCO de la Guardia Civil y París concedió la Legión de Honor. Y no solo se ha indultado a policias y guardias civiles torturadores, también se hizo con cuatro Mossos d’Esquadra en 2009 tras golpear a un detenido y meterle una pistola en la boca.

Con los GAL ocurre otro tanto: no hay muchos indultados porque hay poquísimas condenas, pero porcentualmente suponen más de la mitad. Los más conocidos por sus altas responsabilidades en Interior, José Barrionuevo y Rafael Vera, a los que el Gobierno Aznar sacó de la cárcel vía indulto tres meses después de entrar arropados por González (1998).

Los otros condenados por el secuestro de Marey también fueron exonerados. Con José Amedo y Michel Domínguez no se hizo porque, como explicó el Supremo, ya habían tenido suficiente beneficio con acumulaciones de condenas. Y tampoco le hizo falta a Enrique Rodríguez Galindo unos años después por el caso Lasa-Zabala, porque resultó más cómodo políticamente excarcelarle por enfermedad.

También golpistas

De entre las alegaciones muy políticas del informe consultivo del Supremo ante el caso catalán destaca esta queja: para la sala no cabe indulto porque en la petición se presenta a los líderes del «procés» como «presos políticos» cuando «han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a la del resto de sus conciudadanos».

La afirmación y su contundencia contrastan con la posición que tomó el mismo Alto Tribunal español en favor de indultar a los autores del intento de golpe de Estado en 1981, con toma del Congreso incluida. En aquella ocasión, la Sala de lo Militar se puso en evidencia hasta extremos ridículos en el caso de Antonio Tejero; para argumentar que tenía buena conducta en prisión apuntó que había pintado 300 cuadros y que era donante de sangre. El Gobierno, entonces todavía en manos de Felipe González, no le excarceló pero sí lo hizo con el ex general Alfonso Armada, condenado a 26 años como cabecilla.

El arrepentimiento, un comodín

Uno de los debates colaterales más presentes sobre el indulto es el del arrepentimiento. Legalmente no se exige pero en la práctica sí se toma en consideración a veces como elemento a favor. En el caso de los líderes catalanes, «no hay el menor indicio de arrepentimiento», ha remarcado la Sala Segunda. Se corresponde con la realidad de afirmaciones como las reiteradas por Jordi Cuixart (‘Ho tornarem a fer’) o esta de Oriol Junqueras: «El indulto se lo pueden meter por donde les quepa». La petición de sacarlos de la cárcel no ha salido de ellos, sino de la UGT en primera instancia.

Ahora bien, ¿acaso expresaron arrepentimiento los casos citados anteriormente? Las justificaciones del terrorismo de Estado por parte de Rafael Vera han sido recurrentes y públicas hasta la actualidad. En el caso de la tortura no consta una sola disculpa o reconocimiento de los hechos por parte de las docenas de indultados, algunos como José Domínguez Tuda (el temido «Goli» de Intxaurrondo) en dos ocasiones. Tampoco Tejero hizo autocrítica ni pidió su indulto, algo que el Supremo intentó camuflar diciendo que la Archicofradía de la Celeste, Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, entidad solicitante, actuaba realmente en su nombre.