Cualquiera de los cientos de brigadistas vascos que ha estado en Palestina sabe qué es Health Work Committees (HWC), cuyas oficinas en Al-Bireh, un suburbio de Ramallah, han sido allanadas por el Ejército israelí con el objetivo de desmantelar esta organización, que suministra servicios sociosanitarios a una población palestina que, de otra manera, no tendría acceso a los mismos.

Cuando los organismos internacionalistas vascos como Askapena o Komite Internazionalistak organizan una brigada, el primer paso suele ser encontrar a un colectivo que sirva como contraparte. El primer objetivo es evitar entrar como un elefante en una cacharrería y que la buena voluntad de ayudar a un pueblo oprimido se convierta en un elemento negativo. Por muy internacionalistas que seamos, somos un cuerpo extraño en un escenario conflictivo. Por tanto, es necesario saber qué terreno pisamos, qué se puede hacer y, sobre todo, qué no se puede hacer.

Para ello, las contrapartes son imprescindibles y HWC ha sido contraparte del internacionalismo vasco durante muchos años. Recientemente, se ha conocido el encarcelamiento de la trabajadora humanitaria castellana Juana Ruiz por parte de Israel. Ruiz es una de las personas que forman HWC y que, en su trayectoria, ha tenido contacto con internacionalistas vascos y de otras partes del Estado, de Europa y del mundo. Es una más de una larga lista de integrantes de HWC, que nos han abierto sus casas a quienes llegábamos de fuera.

La carencia de servicios sociosanitarios es uno de los efectos más cruentos de la ocupación sionista. Recurrentemente, llegan noticias de Gaza informando de los efectos que el bloqueo tiene sobre los enfermos de cáncer, impedidos de acceder a los tratamientos que necesitan. Es una de las caras más dramáticas que vive Palestina, pero no la única. También en Cisjordania el acceso a los tratamientos es difícil, cuando no imposible, debido a la ocupación sionista. Una de las tareas de HWC es suplir estas carencias en los territorios palestinos. En esta labor que desarrolla en catorce clínicas, ha contado incluso con el apoyo institucional de gobiernos como el de Lakua o el español, además de varios europeos.

Los analistas coinciden a la hora de señalar que una de las razones del crecimiento de Hamas en Palestina y de los movimientos islamistas en otras partes del mundo son los servicios que presta a una población privada de lo más básico. También la ultraderecha ha utilizado esta estrategia para intentar acceder a los barrios populares. HWC ha desarrollado esta labor desde posiciones claramente identificadas con la izquierda palestina.

Israel ha puesto en su punto de mira a HWC desde hace tiempo, vinculándolo con el FPLP, una formación de izquierda considerada «terrorista» por EEUU y la UE, pero que tiene tres parlamentarios en el Consejo Legislativo Palestino desde que se hicieron las últimas elecciones, allá por el lejano 2006. Una de sus parlamentarias, Khalida Jarrar, se encuentra actualmente también encarcelada por el ocupante sionista.

Jarrar es una de las personas nombradas por informes israelíes para denunciar la existencia de vínculos entre el FPLP y HWC. También aparecen citados Mahmoud Jiddah, Youssef Habash o el fundador de HWC, Ahmed Maslamani.

Israel está criminalizando la militancia de izquierda en Palestina y condenando a su población a renunciar a unos servicios sanitarios, convirtiendo a la salud en una herramienta más de la ocupación. Ser parte de una formación palestina con representación parlamentaria es suficiente para ser objetivo de la represión sionista. Trabajar por la salud de la población palestina, también.